En la actualidad, nueve comunidades autónomas ya cobran este tributo: Cantabria, La Rioja, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Madrid, Aragón, Extremadura y Asturias. Por tanto, el precio del gasóleo en estas regiones solo subiría 9,5 céntimos por litro, un 7,8 % más respecto al precio actual, mientras que en el resto el alza sería de 14,3 céntimos, un 11,7 % más.

La subida de impuestos al gasóleo afectaría a 13,3 millones de vehículos en España, por lo que los propietarios de este tipo de vehículos verían cómo su gasto anual medio en combustible aumenta de 670,16 euros al año a 736,2 euros, un 9,9 % más.

Por su parte, en las comunidades autónomas donde el aumento de los impuestos sería doble, la factura final llegaría hasta los 748,8 euros, un 11,7% más. En total, el coste extra de esta medida sería de 777,7 millones de euros.

Así, la subida serían especialmente negativas en Madrid (+141,4 millones), Andalucía (+126 millones) y Cataluña (+93 millones). En el extremo contrario se situarían La Rioja (+6,7 millones), Baleares (+13 millones) y Cantabria (+14,3 millones).

Días contados

Recientemente, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera afirmaba que "evidentemente, el diésel tiene los días contados. Durará más o menos, pero sabemos que su impacto en partículas y en lo que respiramos es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida".

Ribera también apuntaba a las "señales fiscales y regulatorias" que ha de lanzar el Gobierno para acompañar a los gobiernos municipales "en ese proceso de cambio" de la movilidad.

Esta idea de fin de etapa que parece acompañar al diésel es también compartida por expertos que apuestan también por plazos más claros.

Así, las previsiones de la consultoría Oliver Wyman para este comburstible es que el uso de automóviles con motor diésel quedará prohibido en España en 2025. La previsión incluye también que la transición a los vehículos eléctricos es "inevitable" y que "lo mejor" que le puede ocurrir a la industria es que los gobiernos establezcan calendarios con fechas límites que permitan a las compañías planificar y adaptarse a esta nueva realidad.

Esta previsión ya tiene plazos concretos en algunos países de la UE. Por ejemplo, los jueces del Tribunal Superior de Alemania dictaminaron recientemente que las ciudades alemanas pueden prohibir legalmente los automóviles y camionetas con motor diésel.

Por su parte, Francia, Reino Unido, India, Noruega o Países Bajos prohibirán la venta de automóviles impulsados por combustión, alguno de ellos a partir de 2025.

Preocupación por el empleo

Esta política fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez dirigida a lograr que el diésel cada vez pese menos en la movilidad urbana preocupa entre los fabricantes de automóviles.

En este sentido, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha asegurado que la fabricación y venta de vehículos diésel en España da empleo directo a más de 40.000 personas en España y a 17 fábricas en el territorio nacional.

Los fabricantes contradicen el final de la vida del diésel al asegurar que no existe ninguna iniciativa europea que tenga un calendario de prohibición de vehículos nuevos diésel, ni de vehículos de combustibles fósiles.

Anfac, que destaca la contribución del diésel a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), apunta que todas las iniciativas europeas están relacionadas con el establecimiento de una fecha, a medio y largo plazo, para la prohibición de los modelos más antiguos, que son los responsables de la mayor parte de las emisiones.

Sea como fuere, el simple anuncio del Gobierno de los nuevos impuestos y de la caducidad del combustible diésel disparó casi un 5 % el precio medio del litro. La subida supone también que se estrecha el marge de diferencias entre el gasóleo y la gasolina.