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Si los efectos del covid se parecen mucho a una guerra, imaginemos que tardamos dos años en encontrar a todos los heridos para curarles. Se sabe por la historia que una pandemia provocará una caída de ingresos relevante y que el impacto será muy desigual. El problema es que no conoceremos los detalles hasta 2022 (los datos de ingresos y rentas llevan ese retraso). ¿Y si se pudiera hacer un seguimiento en tiempo real, como ocurre con el número de contagios, y tomar medidas?
Tres millones de ingresos mensuales domiciliados en CaixaBank (anonimizados) tienen la respuesta. Por primera vez se han utilizado estos datos para desarrollar un indicador de la desigualdad en tiempo real y estudiar el papel del estado del bienestar. Esta es la radiografía del herido:
“Me quedé de piedra cuando vi los resultados. No imaginaba que el efecto sería tan grande. El esquema de protección de rentas está funcionando bastante bien”, reconoce José García Montalvo, Catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, y uno de los investigadores que ha trabajado con estos datos. Coincide con él Oriol Aspachs, director de Estudios de CaixaBank Research. “Lo que vemos es que en las circunstancias actuales la cobertura del sector público es muy relevante, pero el impacto de la crisis sigue siendo fortísimo”.
En abril, en el peor momento de la crisis, las cosas podrían haber sido mucho peores: cerca de un tercio de los asalariados se habría quedado sin ingresos. “Las transferencias del sector público ofrecieron cobertura a cerca de la mitad de las personas que dejaron de tener ingresos del trabajo entre febrero y abril”, explica el análisis. Estas ayudas fueron especialmente relevantes para los trabajadores con unos ingresos medios (entre 1.000 y 2.000 euros al mes) antes de la llegada del covid.
La siguiente pregunta es: ¿es suficiente este impacto? “Si el objetivo es mantener la desigualdad en niveles similares a los de antes de la crisis, diría que sí, aunque en los datos vemos que en algunos grupos de edad el esquema de ayudas no es suficiente”, opina García Montalvo.
La desigualdad se mide con un índice llamado Gini. Los niveles, incluso con la crisis, no se alejan muchísimo de los registrados en 2019. En agosto sólo había subido dos puntos (43 vs 41). “El índice se mantiene más estable a lo largo del tiempo cuando se tienen en cuenta las transferencias del sector público, pero el aumento que experimenta no es despreciable”, sostiene el informe de Caixabank Research.
“El salto que vimos en el índice Gini en los primeros meses supone pasar de ser Suecia a Estados Unidos en términos de desigualdad. Luego vemos que gracias a las transferencias públicas ese incremento se amortigua. Estos resultados nos dan convicción como sociedad de que todo el dinero que se está poniendo a disposición de las personas afectadas es necesario”, argumenta Aspachs.
Sin embargo, los datos ponen de relieve también el lugar donde habría que poner más atención: los dos colectivos que peor lo están pasando son los jóvenes y los inmigrantes. El 44% de los jóvenes con ingresos bajos antes de la crisis (menos de 1.000 euros al mes), se quedaron sin ingresos en abril. Después de recibir transferencias públicas el porcentaje se reduce a la mitad, pero siguen siendo muchos. “¿Qué podemos hacer? Más recursos o rediseñar la cobertura. Sabemos que en este momento de la vida de los jóvenes un shock. Es importante que estén bien cubiertos”, insiste Aspachs.
Con el covid todo cambia tan rápido que es difícil seguirle la pista a la economía en tiempo real y así es difícil que funcionen bien las políticas. Los indicadores tradicionales no están pensados para una situación como la actual. “La desigualdad se mueve siempre muy lenta. ¿Qué sentido tenía medirla mensualmente? Ninguno”, explica García Montalvo. “Pero en una pandemia la desigualdad se mueve muy rápido, lo sabemos por la historia. Los instrumentos que tenemos para medirla no nos sirven para reaccionar. La política fiscal (gasto) es de por sí ya lenta. Imagina si a eso le sumas unos datos que tardan en llegar.”
Las políticas de apoyo a las rentas de las familias tratan de minimizar el impacto en el consumo, el motor de la economía. En nuestro país ese gasto de los hogares representa el 57% del PIB. “La recuperación del consumo es fundamental para la configuración de la recuperación económica (V, U, L, W) ya que el consumo representa el mayor componente de la demanda”, señala la investigación.
Además hay efectos que se salen de lo puramente económico y que son muy relevantes. “Un mayor nivel de desigualdad podría erosionar el tejido social y, en última instancia, podría poner en tela de juicio el sistema democrático y promover el populismo, en una situación en la que la pandemia ya está dando cierto apoyo a las opiniones políticas autocráticas e iliberales”.
La investigación nunca había utilizado datos de ingresos domiciliados para analizar fenómenos económicos y sociales. Este proyecto es pionero a nivel internacional en este sentido. Hasta ahora lo más cercano a este análisis se había conseguido con los datos de consumo de las tarjetas de crédito/débito. Este indicador es un paso más en el uso del big data en el campo dela economía.
El equipo de investigadores de la Universidad Pompeu Fabra, el Institute of Political Economy and Governance (IPEG) y CaixaBank Research sigue trabajando para exprimir. Y sí, es más que probable que varios miembros del Gobierno estén mirando estos datos, ahora públicos, para sus futuras decisiones.