La "cadena de favores" que reclamaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para solucionar la crisis del mercado de alquiler de vivienda afectada por los impagos de rentas a causa de los despidos masivos no ha encontrado eco entre propietarios e inquilinos. Estos últimos han empezado a movilizarse reclamando que las ayudas a los hipotecados también les alcancen a ellos mientras que los arrendadores temen quedarse con las casas vacías y abocados a largos y costosos pleitos ante los tribunales.

Y es que, el desempleo producido por la crisis del coronavirus deja en una situación muy complicada a las familias que viven en pisos alquilados, pero también a otras tantas que además de perder el trabajo o echar el cierre a su negocio dejarán de cobrar la renta de alquiler con la que cuadran su economía doméstica.

Pensando más en las segundas y en el efecto contraproducente que podría tener en el mercado, el Gobierno no ha decretado una moratoria en el pago de los alquileres, como sí ha hecho con las hipotecas, aunque estudia en estos momentos otras medidas para paliar la situación.

Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) aseguran a Efe que este departamento trabaja en nuevas medidas, a expensas de cómo afecte la crisis en el mercado de alquiler.

Hasta el momento, las decisiones tomadas se han dirigido a los colectivos más vulnerables, con la partida de 300 millones de euros de gasto social para que comunidades y ayuntamientos puedan socorrer a los que no pueden afrontar los pagos básicos y la posibilidad de que los gobiernos locales puedan destinar también a gasto social su superávit.

Desde el ministerio que dirige José Luis Ábalos explican que no incluyeron la moratoria de alquiler en el real decreto de medidas urgentes aprobado el martes "por prevención" y por considerar que esa medida retraería "drásticamente" la oferta.

El 95 % de los arrendadores en España son familias y pequeños ahorradores y el 5 % restante son los llamados "grandes tenedores" (entidades financieras, inmobiliarias, de gestión de activos y fondos de inversión).

Pese a la presión de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y de otros grupos de izquierdas (ERC, Más País, BNG), los socialistas sostienen que no deben recaer los impagos de los alquileres sobre ese 95 % de arrendadores, "porque son las mismas familias que están sufriendo el efecto económico de la crisis sanitaria".

Además el temor a esos impagos tendría un "efecto disuasorio" sobre los propietarios a la hora de sacar al mercado sus pisos.

"Por solucionar un problema de dos o tres meses tendríamos una caída drástica de la oferta. Si esto dura dos o tres meses, cualquiera puede apañarse con su casero", señalan desde el ministerio, donde reconocen que "el problema es que dure más" tiempo esta situación.

Los expertos creen que la evolución del mercado en estos momentos es impredecible, ya que la renegociación de las rentas entre arrendadores y arrendatarios puede hace caer los precios, pero a la vez la imposibilidad de comprar una vivienda puede hacer crecer la demanda y equilibrarlos.

El precio del alquiler en España ha subido un 50 % en los últimos cinco años, hasta alcanzar su máximo histórico a finales de 2019, con un precio medio de 10,18 euros el metro cuadrado al mes.

En un mercado a distintas velocidades, cinco comunidades han visto sus precios disparados por encima de la media: Baleares (66 %), Canarias (64 %), Madrid (63 %), Cataluña (60 %) y Comunidad Valenciana (57 %), lo que ya llevó al Gobierno a anunciar medidas de intervención para los próximos meses, antes de que el país sucumbiera a la pandemia del Covid-19.

Desde el Sindicato de Inquilinos pronostican desahucios "masivos" y una "oleada inmensa de impagos", si la crisis del coronavirus se alarga en el tiempo.

"O el Gobierno reacciona o la crisis de la vivienda será mayor que la de 2008", advierte su portavoz Javier Gil en declaraciones a Efe.

Su temor es que el Ejecutivo intervenga "demasiado tarde" en favor de los arrendatarios. Para impedirlo ha lanzado una campaña en la que exige, no ya la moratoria, sino la "suspensión" del pago del alquiler para autónomos, trabajadores y pymes que han dejado de percibir ingresos, por haber perdido su empleo o su actividad con la crisis del coronavirus, hasta que vuelvan a recuperarse.

Esta campaña, junto a otras que se han lanzado, han conseguido en pocas horas decenas de miles de firmas de apoyo en la plataforma change.org.

Mientras,el presidente Pedro Sánchez anima a los arrendadores a ser solidarios y comprensivos y ayer les pidió en el Congreso que se sitúen "en la piel del otro", como "ese casero gallego que se hace cargo de las pérdidas de su arrendataria".

Empresas del sector como la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) apoyan que arrendadores y arrendatarios sean "flexibles" y que cuando la situación lo requiera puedan acordar aplazamientos de pago o reducciones temporales de renta.

"El alquiler es una cadena que afecta a todas las partes y en la que un impago en un arrendamiento puede estar afectando, por ejemplo, a un arrendador que a su vez es un autónomo que necesita esos ingresos, una propietaria que paga a su vez una hipoteca con esa renta de alquiler que percibe o una persona mayor que la necesita para complementar el pago de la residencia", recuerda la ANA, donde ya han empezado ha tramitar peticiones de reducción de renta para los próximos tres meses.