El denominado Plan de Respuesta al impacto de la guerra en Ucrania aprobado por el Gobierno ha generado varias polémicas. Algunos sectores denuncian que se han visto perjudicados, como el de las gasolineras, que han advertido de la dificultad para asumir la bonificación al precio de los combustibles por falta de liquidez, mientras que otras industrias y servicios directamente no se beneficiarán del paquete de ayudas, o no lo harán en la medida que esperaban. Estos son los principales:

Los hosteleros denuncian que se quedan fuera de los sectores que sí pueden reclamar los créditos ICO, siendo uno de los más afectados por la situación actual. "La hostelería, que lleva sufriendo las consecuencias de la pandemia durante estos dos años, y que ha denunciado en muchas ocasiones la falta de ayudas directas, trabas burocráticas, e incluso la devolución de los fondos europeos no repartidos por las comunidades autónomas, muestra su incomprensión ante esta decisión en el contexto actual", ha lamentado Hostelería España.

El transporte público urbano, que se mueve gracias a la luz, esperaba recibir un fondo de compensación por el fuerte incremento de la energía eléctrica de una media de 950 euros por vehículo, lo que hubiese elevado la ayuda total al sector a unos 10,5 millones de euros. Alegan que el billete de los pasajeros no ha subido y que son las empresas de transportes las que tendrá que hacerse de cargo del aumento desproporcionado en el precio del combustible.

La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) ha mostrado su "descontento" ante las medidas contempladas: "Son claramente insuficientes". Las cuantías de las ayudas en el sector del azulejo se establecen según el número de empleados, con un máximo de 5.000 euros por empleado para los sectores cerámicos, y de 2.600 euros en el caso del resto de sectores gasintensivos. Y con un tope por empresa de bonificación en cualquier caso de 400.000 euros.

Si bien la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha respaldado las medidas destinadas a colectivos vulnerables y las reducciones fiscales, por otra parte se ha mostrado "muy crítica" con otras que suponen, a su juicio, una nueva intervención del mercado "y no solucionan la verdadera raíz del problema, que son los precios del gas". En concreto, considera que el establecimiento para las tecnologías no emisoras de un límite al precio de venta al cliente final, supone, de facto, tratar de establecer un precio regulado para la energía producida con dichas tecnologías, lo que provoca una "verdadera distorsión" para la actividad de comercialización minorista.

La decisión de dar 'luz verde' a que los supermercados puedan limitar las compras de sus clientes "cuando existan circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor" para evitar el desabastecimiento y garantizar el acceso de los consumidores en condiciones equitativas ha sido tildada de "irresponsable" por las asociaciones de consumidores. Según FACUA, la colocación de carteles limitando las ventas, unida a una subida de precios, es lesiva para el consumidor porque potencia el desabastecimiento, hace que los consumidores tengan miedo, compren el máximo permitido y acaparen.