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Durante el trabajo, a la hora de la siesta e incluso en fin de semana. La pesadilla de las llamadas comerciales no se ha visto para nada reducida después de un año de la entrada en vigor de la normativa que prohíbe realizar comunicaciones con fines comerciales salvo consentimiento expreso del consumidor.
Así, el artículo 66 de la Ley General de Telecomunicaciones que se hizo efectivo el 29 de junio de 2023 no ha sido capaz de acabar con un problema que lleva afectando a los consumidores desde hace muchos tiempo y los expertos avisan: "La realidad es que las llamadas telefónicas son igual o más intensas que antes de esta normativa", explica a Informativos Telecinco Samuel Parra, abogado especializado en derecho tecnológico.
Y así lo corroboran los datos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que nueve de cada diez consumidores siguen recibiendo estas llamadas. Por su parte, Facua, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía demuestra que 4,1% de los usuarios reciben más de cinco llamadas al mes, el 8,2% cuatro, el 12,5% tres, el 9,7% dos y el 5,0% indica que le han llamado una vez.
Hay que recordar que, con la nueva normativa, solo las empresas a las que se les haya transmitido el consentimiento expreso pueden llamarnos. También las que tengan un interés legítimo por ser clientes o que hayamos tenido una relación contractual en los últimos 12 meses. El resto de casos son totalmente ilegales.
Pero, ¿por qué se siguen produciendo si están prohibidas? Para el experto Samuel Parra son dos los factores que explican que el teléfono siga sonando. "Por un lado, no se está persiguiendo lo suficiente y no está habiendo consecuencias para las empresas que siguen llamando".
A eso se suman las trampas de algunas entidades que, según Parra, "se conocen las técnicas y se han profesionalizado" para evitar sanciones y que a la Agencia Española de Protección de Datos le resulte muy difícil perseguirlas.
El propio experto relata un caso personal en el que denunció llamadas insistentes por parte de "una gran operadora". Cuando remitió la información a la Agencia Española de Protección de Datos, detectaron que el número con el que estaba recibiendo las llamadas en realidad pertenecía a un carpintero de Asturias y no a esa gran compañía.
Y es que, como indica el abogado, muchas empresas o estafadores utilizan teléfonos ajenos o de pequeños negocios para hacerse pasar por operadoras o comercializadoras de gas y electricidad.
Pero hay más. Ya no es solo la molestia de recibir incesantes llamadas por parte de alguna empresa que quiere vender sus servicios, sino que en muchas ocasiones ni si quiera son esas compañías, sino que se trata de una estafa. "Hay ocasiones en las que recibimos llamadas spam que se hacen pasar por alguna compañía de suministros y para nada es real. Lo que intentan es conseguir algún dato tuyo, como el número de cuenta o el DNI", advierte el especialista.
Alfred Nesweda es CEO de España de Enreach, un proveedor tecnológico de comunicaciones que ofrece soluciones a empresas para adaptarse al perfil de los consumidores y evitar denuncias por este tipo de llamadas ilegales.
"Las empresas deberían contar con sistemas que permitan cruzar la base de datos de numeración a la que quieren llamar con la base de datos de usuarios que no han dado el consentimiento para ello y así evitar hacer las llamadas ilegales", explica el directivo.
Nesweda recuerda que la ley solo habla de llamadas y que, por tanto, otras comunicaciones como las redes sociales o los SMS podrían ser una alternativa. "Algunas empresas utilizan otros canales de comunicación para realizar esas labores comerciales, como puede ser un SMS o un mensaje de WhatsApp", apunta.
El abogado Samuel Parra aconseja "sospechar" siempre de cualquier llamada porque "seguramente no va a ser esa compañía eléctrica o de telefonía, sino una sucontrata". Por otro lado, hay que evitar siempre dar datos personales. "Si realmente queremos contratar el servicio con la empresa, lo ideal sería hacerlo nosotros de forma activa. Llamar nosotros a la empresa y asegurarnos que es real", subraya.
Para Alfred Nesweda "el camino es denunciar". "La ley contempla multas para las empresas que hacen las llamadas ilegales. Si se denuncia, las multas pueden llegar a ser superiores al beneficio que conllevan las comunicaciones. Ese sería un camino, aunque es cierto que el usuario tiene que tomarse su tiempo en denunciar y justificar que ha recibido llamadas", concluye.
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