Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea no han llegado a ningún acuerdo tras más de cuatro horas de reunión telemática, sobre cómo será el futuro plan de recuperación económica tras la pandemia del coronavirus. El Consejo Europeo se ha emplazado a otro encuentro, esta vez presencial en Bruselas, “a mediados de julio”.
Charles Michel, presidente del Consejo Europeo ha explicado que, aunque hay un "consenso emergente" sobre algunas cuestiones, todavía hay "dificultades" en otros puntos sobre los que deben trabajar. Los líderes de la UE se citan a mediados de julio tras constatar sus diferencias sobre el plan anticrisis. "Tenemos la intención de tener una cumbre presencial a mediados de julio en Bruselas", ha explicado el exprimer ministro belga.
En este primer encuentro cada capital ha expresado sus ideas acerca del planteamiento de la Comisión Europea sobre el plan de recuperación que sugiere un fondo de 750.000 millones de euros compuesto principalmente por transferencias directas y que se suma a un Marco Financiero Plurianual (MFF) para el periodo 2021-2027 de 1,1 billones de euros.
Los principales puntos de discrepancia que han quedado abiertos son el tamaño final del fondo, su duración, la proporción de transferencias y préstamos, la clave de reparto de las ayudas, la condicionalidad que tendrán aparejada y el futuro de las reducciones de las contribuciones de los países más ricos al presupuesto comunitario.
En la próxima reunión, que aún no tiene fecha, los mandatarios europeos tendrán una nueva oportunidad para limar sus diferencias. Por un lado, Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Austria abogan por reducir el tamaño total del fondo, aumentar el peso de los préstamos frente a las subvenciones y limitar la duración del plan extraordinario de recuperación. Por el otro lado, Francia, Alemania, España o Italia y el resto ven con buenos ojos la propuesta de Bruselas, sobre la que tampoco tiene grandes críticas Berlín.
Otra cuestión que queda abierta es la clave de reparto de las ayudas, que algunos países quieren modificar para adecuarla más al impacto de la pandemia, en lugar de tener en cuenta, por ejemplo, los datos de desempleo entre 2015 y 2019.
Según el criterio de Bruselas, a España le corresponderían unos 140.000 millones, de los cuales 77.000 llegarían en forma de subsidios no reembolsables. El Gobierno cree, no obstante, que acercar más el reparto al efecto del virus no perjudicaría a España.