El Pleno del Congreso ha salvado este jueves los últimos decretos leyes económicos que traía el Gobierno para enfrentar la crisis del coronavirus, pero han recibido múltiples críticas por ser insuficientes o invadir competencias y se tramitarán como proyectos de ley para recibir enmiendas.

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, han defendido las últimas medidas complementarias económicas y sociales ante la prioridad de ayudar a los colectivos vulnerables, a los autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) o a los trabajadores.

Entre estas medidas se contempla la prohibición de despedir por motivos del COVID-19 o limitar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa del estado de alarma, así como ayudas para pagar los alquileres, moratorias en las cuotas a la Seguridad Social de autónomos y pequeñas empresas o prestaciones extraordinarias para trabajadores del hogar, y para desempleados de contratos temporales sin derecho a pago.

El decreto de más de 50 medidas económicas defendido por Calviño ha salido adelante por 171 votos a favor, 174 abstenciones y 2 votos en contra.

Por otra parte, el decreto a la limitación del despido por causas de coronavirus ha recibido 188 votos a favor, 138 en contra y 21 abstenciones, al tiempo que el relativo al permiso retribuido recuperable ha tenido 194 votos a favor, 139 en contra y 14 abstenciones.

Los tres han recibido una mayoría abrumadora para que se tramiten como proyectos de ley.

La ministra Calviño ha afirmado que son medidas que dan una "una buena base" cuando llegue la "desescalada" del confinamiento y el retorno a la actividad, y ha reiterado que la "hibernación económica" actual no es una paralización, al tiempo que ha valorado la inyección de liquidez que está llevando a cabo el Instituto de Crédito Oficial (ICO) mediante a avales a empresas y autónomos.

En este sentido, ha avanzado que el ICO ha recibido ya 33.000 operaciones de solicitud de créditos de empresas, por valor de 3.000 millones de euros desde que se puso en marcha el primer tramo, de 20.000 millones de euros.

Además, mañana el Consejo de Ministros aprobará la activación de un nuevo tramo de la línea de avales por otros 20.000 millones de euros, que irá dedicada íntegramente a autónomos y pymes, ya que hay alguna entidad que está cerca de agotar su límite asignado y todavía hay un margen de 10.000 millones de euros.

Por su parte, la titular de Trabajo ha avisado a algunos empresarios de que "no tiene sentido percibir ayudas y destruir empleo", y ha insistido en que los ERTE se deben utilizar con "rigor".

"No es el momento de despedir, sino de aguantar y el Estado es un pilar clave, que hará todo lo que esté en su mano para ayudar a que empresas y trabajadores aguanten", ha señalado.

La mayoría de los partidos políticos, incluidos los nacionalistas e independentistas, se han abstenido en el decreto "ómnibus" defendido por Calviño, ya que o bien lo han tildado de insuficiente o bien han lamentado que quitara la competencia a las comunidades autónomas (CCAA) de la utilización de las cotizaciones procedentes de las políticas activas.

Así, PP, VOX, ERC, JxCAT, PNV, EH Bildu o BNG han votado abstención mientras que PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos se han mostrado a favor.

Casi todos los partidos políticos han pedido que los decretos incluyan más medidas de apoyo a los autónomos, o a las familias vulnerables, y han abogado por incluir enmiendas, además de que han acusado al Ejecutivo de no dialogar con la oposición para negociar medidas importantes como el permiso retribuido recuperable, que hoy precisamente deja de estar en vigor.

La formación naranja ha señalado que su voto favorable a dos decretos y su abstención al decreto de prohibición del despido es a cambio de que el Ejecutivo se comprometa al aplazamiento de impuestos y cuotas sociales a autónomos y pymes, o que la recuperación de las horas del permiso retribuido recuperable se flexibilice y pueda hacerse más allá del 31 de diciembre.