El Gobierno catalán ha dado luz verde este martes a un decreto ley con el que se rebajará hasta un 50 % el alquiler de los establecimientos y locales comerciales que tienen prohibido desarrollar su actividad por las restricciones para atajar los contagios de covid-19, como bares y restaurantes.

Tal como han confirmado a Efe fuentes del Ejecutivo catalán, se trata de un decreto elaborado por el Departamento de Justicia en colaboración con el Gremio de Restauración de Barcelona que evita la judicialización de los casos e incluye una cláusula denominada "rebus sic stantibus en el Código Civil que permite modificar contratos ante cambios sobrevenidos y extraordinarios como la pandemia.

En concreto, el decreto establece un período de negociación entre el propietario del local y el arrendatario y, en caso de no alcanzar un acuerdo, pasa a aplicarse automáticamente una tasación preestablecida que incluye diferentes porcentajes de rebaja en función del grado de afectación sobre el negocio que hayan tenido las medidas para frenar el coronavirus.

Según las mismas fuentes, se trata de una solución "rápida" que "evita el vía crucis judicial" y permite a los restauradores y comerciantes afectados ahorrarse los costes del proceso y la dilatación de la resolución, que en el caso de tramitarse en los juzgados podría demorarse meses o incluso años.

De este modo, han continuado, "se distribuye el coste económico de las medidas para frenar la pandemia" y hace que "no recaigan solo en una de las partes del contrato".

Además de la modificación del ordenamiento jurídico, en los últimos días se ha barajado otra posibilidad, propuesta por el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), que pasaba por la mediación con el auxilio de letrados e implicaba la resolución de los casos por parte de un juez.

No obstante, esta opción habría sido descartada por el Govern porque podría ahondar aún más la saturación de los juzgados y porque las sentencias probablemente llegarían cuando muchos negocios ya se hayan visto forzados a bajar la persiana, ya que durante todo el proceso tendrían que seguir pagando sus respectivos alquileres.

Tras conocerse el decreto, la consellera de Justicia, Ester Capella, ha anunciado para esta tarde una reunión con el director general del Gremio de Restauración de Barcelona, Roger Pallarols, después de la cual detallarán los pormenores del mismo y valorarán las medidas de derecho civil para mitigar las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria.