En la actualidad, casi dos tercios del presupuesto de la UE se financian con aportaciones de los Estados miembros. El resto proviene de aranceles de productos importados desde fuera de la UE y de un tramo de IVA. Bruselas considera que este sistema es inadecuado y dificulta las negociaciones entre los Gobiernos, que buscan minimizar su aportación neta.
La iniciativa para aumentar los recursos propios de la UE, que debe ser aprobada por unanimidad por los Veintisiete, chocará previsiblemente con la oposición de Estados miembros como Reino Unido o Alemania, que rechazan la creación de impuestos europeos.
Para los próximos siete años, Bruselas propone un presupuesto para la UE de 971.500 millones de euros en pagos, cifra que representa un incremento del 5% respecto a las actuales perspectivas financieras 2007-2013. No obstante, el nivel de gasto comunitario se mantendría en el 1% del PIB comunitario.
Reino Unido, Alemania y Francia habían exigido al Ejecutivo comunitario que congelara el presupuesto de la UE de aquí a 2020 en línea con las medidas de austeridad adoptadas por la mayoría de Estados miembros para hacer frente a la crisis. En cambio, la Eurocámara, que también es autoridad presupuestaria, ha pedido un aumento de al menos el 5%.
La política agrícola común (PAC) tendrá una financiación de 281.000 millones de euros (el 30% del presupuesto) excluyendo el desarrollo rural.
En cuanto a la política de cohesión, Bruselas propone dedicar 376.000 millones (el 38% del presupuesto) a ayudas a las regiones. Se creará una nueva categoría de 'regiones en transición' que podría beneficiar a Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía, que perderán la mayor parte de las ayudas por superar el 75% del PIB de la UE. Sólo Extremadura mantendrá previsiblemente su actual nivel de ayudas europeas.
La Comisión pide crear un nuevo fondo para financiar proyectos de infraestructuras que contará con 40.000 millones de euros (más 10.000 millones del fondo de cohesión). Y concentrará 80.000 millones de euros en I+D+I.
El presupuesto para la política exterior aumenta un 25% hasta situarse en 70.000 millones para los siete años. Además, Bruselas quiere invertir 4.100 millones de euros en seguridad para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado y 3.400 millones para política de inmigración.
Los gastos administrativos de las instituciones comunitarias ascenderán a 50.400 millones. Para España, la propuesta es importante porque a partir de 2014 se convertirá por primera vez previsiblemente en contribuyente neta al presupuesto de la UE tras haber sido la principal beneficiaria de las ayudas comunitarias.