En total 4.622 entidades locales se acogieron hasta el pasado jueves al mecanismo extraordinario para el pago de obligaciones pendientes de cobro y presentaron un total de 1.931.976 facturas pendientes de cobro, por un importe de 9.584 millones.
A partir de ahora, los proveedores tienen que acudir a los ayuntamientos que les adeudan para que les informen si están incluidos en la relación de facturas enviadas por las entidades locales, que están obligadas a atenderles.
Los proveedores que no consten en la lista podrán solicitar a la entidad local deudora la emisión de un certificado individual. El certificado individual se expedirá en un máximo de 15 días. Si pasado este plazo no hay respuesta, se entenderá reconocido el derecho de cobro por silencio positivo.
Los ayuntamientos tendrán que comunicar, en los cinco primeros días de abril y mayo, los certificados, rechazados y no contestados. Por lo tanto, en abril y mayo habrá dos revisiones a estos datos, que de momento, son provisionales.
Esta operación tendrá un efecto directo sobre el empleo, ya que contribuirá a la creación y al mantenimiento de hasta 100.000 puestos de trabajo, según el Ministerio de Hacienda.
Asimismo, el Gobierno va a cambiar la legislación para que los proveedores que contraten con la administración sean los primeros que no tengan que pagar el IVA hasta que hayan cobrado la factura.