Archivan la investigación sobre la venta de vivienda pública a fondos buitre
Desde hace más de un año dos exaltos cargos del entonces denominado IVIMA. Juan Van-Halen y Ana Gomendio, estaban imputados acusados de prevaricación y malversación de caudales públicos por las supuestas irregularidades cometidas durante este proceso de enajenación.
Este es un proceso que ha transcurrido de forma paralela al proceso contable en el que recientemente el Tribunal de Cuentas ha señalado a la exalcaldesa de la capital, Ana Botella, como responsable de la venta de vivienda pública municipal a otro fondo de inversión por la que se ha condenado a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella y siete altos cargos de su Gobierno por vender viviendas construidas con dinero público por 23 millones menos de su valor real del mercado. Los jueces consideraron en este caso probado que el Gobierno de Botella realizó la venta sin una tasación fiable, sin publicidad y obviando el interés público causando un perjuicio de 25 millones de euros a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS).
El Tribunal de Cuentas declaraba como responsables directos a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, a Fermín Oslé, entonces máximo responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) de vender por debajo de su precio de mercado 1.860 viviendas públicas protegidas a dos sociedades del fondo buitre Blackstone.
La condena abarca a Botella y a todos los concejales del equipo de su gobierno en 2013, miembros de la Junta de la EMVS: Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González Dolores Navarro y Pedro Corral. Todos deben pagar de forma solidaria casi 23 millones de euros para restituir el daño a la Empresa pública de la vivienda.
La sentencia del Tribunal de Cuentas deja claro que el Gobierno de Ana Botellarealizó el procedimento de venta de estas casi 2.000 viviendas en 14 días. Un tiempo que considera insuficiente para una operación de esta envergadura y que revela evidencias de que se favoreció a determinados aspirantes, incluido el fondo que se quedó con estos lotes.
El fallo concluye que en el procedimiento de venta se dio información privilegiada al fondo Blackstone que se hizo con 100 bloques de pisos de protección oficial, construidos específicamente para personas más desfavorecidas.
De esta forma, el Tribunal de Cuentas estima de forma parcial la demanda presentada en 2017 por el Ayuntamiento de Madrid que reclamaba un daño patrimonial por estas operaciones superior a los 55 millones de euros.
