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Más del 83 por ciento de la sociedad española, según el CIS, está a favor de un Ingreso Mínimo Vital como el que este viernes ha aprobado un Consejo de Ministros extraordinario. Una medida defendida por economistas y organizaciones sociales pero que también encuentra el rechazo de casi un 13 por ciento de los españoles que temen que sea un despilfarro de dinero público que tampoco ayudará a sus beneficiarios a mejorar su nivel de vida o perspectivas laborales.
Luis Garvía es profesor de ICADE de la Universidad Pontificia de Comillas donde da clase de Mercados Financieros y se muestra convencido de que el Ingreso Mínimo Vital va a permitir "luchar contra la pobreza severa" y posibilitar el "desarrollo de los más necesitados".
Colectivos como la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) recuerdan que antes de la crisis sanitaria, en España, había 600.00 hogares sin ingresos de ningún tipo y 2,5 millones de personas vivían en situación de pobreza severa (menos de 370 euros al mes). Por ello, consideran que "la exclusión social y la desigualdad son problemas profundos y multidimensionales, que requieren de una acción política decidida para ser erradicadas".
Ante esta situación tan dramática, Garvía cree que "hay que ponerse en la piel de estas personas que se encuentran en una situación lamentable" ya que, "más de la mitad de los beneficiarios de estas ayudas son menores".
Para este economista de ICADE, "más del 50 por ciento de las familias que van a recibir el IMV tienen niños pequeños, además en unas condiciones muy diferentes y desfavorables". Por ello cree que esta medida va a permitirles buscar mejores oportunidades "más allá de la preocupación del día a día para dar de comer a sus hijos". "Por eso me parece el dinero mejor gastado del Estado", afirma.
Garvía y los representantes de EAPN-ES coinciden en defender que la renta estatal permitirá que las personas inviertan en la compra de alimentos, el pago de suministros y otros servicios básicos que "moverán la economía local en unos parámetros de mayor dignidad para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad".
En este sentido, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, insiste también en que la medida aprobada hoy en el Consejo de Ministros extraordinario no es solo un instrumento de justicia social, "sino de inteligencia económica, que beneficia al conjunto de la población".
Experimentos similares en el resto de Europa han tenido resultados dispares. Uno de los más estudiados es el caso de Finlandia. Las autoridades finesas pusieron en marcha un programa de renta básica universal entre 2017 y 2018, durante el cual se asignó 560 euros al mes sin condiciones a 2.000 ciudadanos seleccionados al azar. Un ingreso que siguieron recibiendo aunque encontraran trabajo durante ese periodo.
El análisis de esta experiencia permitió concluir que la renta básica en Finlandia hizo más feliz a la gente pero no estimuló la búsqueda de empleo.
Por eso, las autoridades españolas han puesto la mirada en el sistema adoptado en el País Vasco conocido como "renta de garantía de ingresos" (RGI ).
Los beneficiarios de estas ayudas saben que pueden perderla si se trasladan a vivir fuera de Euskadi, si ingresan en "centros residenciales públicos o privados, o en centros penitenciarios por tiempo superior a un mes". Pero también por cometer irregularidades procedimentales, como no comunicar cambios en el nivel de recursos, ocultar información personal o no estar disponible para el empleo (para el que deberán siempre estar inscritos).
Para Luis Garvía, la posibilidad de que haya beneficiarios que se aprovechen de este tipo de medidas siempre está ahí, pero cree que el Estado tiene mecanismos suficientes para detectarlos. "Hay un mecanismo de control que es el IRP, asegura, y una de las cosas que deberíamos de estar haciendo con los ERTE es que los acogidos a estas ayudas tuviesen la obligación de hacer la declaración de la renta."
Este economista cree que "habría que confiar más en el ciudadano que pide ayuda" y "darles la prestación para luego rendir cuentas en el IRPF en el año que viene".
La crisis económica consecuencia de la pandemia de coronavirus está obligando al Estado a un sobreesfuerzo de solidaridad con los más afectados. El Ingreso Mínimo Vital fue un compromiso del gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos que ahora se ha visto impulsado ante la necesidad de ayudar a quienes se han quedado sin trabajo y sin ingresos.
Las estimaciones del FMI fijan para España un endeudamiento superior al 110 por ciento por el coronavirus, un situación que los responsables económicos esperan poder paliar con las ayudas de la UE a nuestro país que podrían ascender a casi 80.000 millones de euros.
En comparación con el presupuesto español, el coste estimado por la Administración y los organismos independientes de control presupuestario sitúan en unos 3.000 millones de euros anuales el gasto ende Ingreso Mínimo Vital.
Según Garvía, los 3.000 millones del IMV es una parte muy pequeña de los Presupuestos del país y recuerda que en comparación con los 500.000 millones de gasto en inversión del Estado (570.000 millones de euros en el caso de los presupuestos del gobierno de coalición) estamos hablando de un 0,5 por ciento.
"Se trata de ayudar a la gente" afirma este economista y "lo está haciendo José Luis Escrivá que es un técnico que conoce la Seguridad Social española y la situación social como poca personas en este país".