Los trabajadores de Alcoa siguen expresando su malestar y su preocupación. Se niegan a aceptar que, de repente, la empresa estadounidense va a dejar a un total de 686 trabajadores en la calle. El cierre de las instalaciones que posee en A Coruña y Avilés, al no existir acuerdo entre la compañía, la administración y los sindicatos, ha desatado la crisis entre las familias afectadas.

La excusa presentada no convencen a nadie: “menor capacidad de producción, una tecnología menos eficiente y elevados costes fijos”, así como otros factores externos de mercado, como la “sobrecapacidad de producción de China” y el elevado precio de las materias primas, sumado al coste de la energía. Sin embargo, pese a los reiterados intentos por revertir la situación, Alcoa se cierra en banda.

“Han tratado de convencernos pero no lo han hecho. Se han centrado en razones espurias sin pensar en el daño que harían a los trabajadores. Les esperaremos e iremos a la negociación del ERE porque nos obliga a la ley, pero iremos con una actitud muy belicosa y muy radical”, señalaba al cierre de la negociación de ayer el portavoz de CC.OO., Agustín Martín.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL PARLAMENTO GALLEGO

Por su parte, desde el Parlamento de Galicia, de forma unánime, este miércoles se ha impulsado una declaración institucional en la que expresan su demanda de que Alcoa retire el expediente de extinción de empleo que afectaría a ambas factorías.

"Lamentamos y rechazamos la decisión unilateral de la empresa de cerrar tanto la instalación coruñesa como la de Avilés, y demandamos la búsqueda de alternativas para una factoría que constituye una pieza clave del tejido productivo gallego", reza la declaración institucional que leyó el jefe del Legislativo, Miguel Santalices.

En este sentido, el Parlamento se ha comprometido a “impulsar” a todas las administraciones para, “desde la unidad de acción”, intentar que se avenga a detener el ERE y que se abra una mesa de negociación “con todas las partes implicadas” para hallar una “solución urgente” que garantice el mantenimiento de la actividad empresarial y el empleo de los afectados.

GOLPE A LAS FAMILIAS

El golpe recibido con la decisión siembra el miedo de las familias afectadas, cada una con sus problemas personales y sus dificultades económicas.

José, de 44 años, es el vivo reflejo de la compleja situación que atraviesan ahora. Tiene una hija de siete años y hace un mes que su mujer se quedó en el paro. Él es el único que puede llevar un sueldo a casa, por el momento, pero cuando la planta cierre, antes de que acabe el año, tendrán que buscar cómo sobrevivir y salir adelante. En estos días, la angustia les aplasta.

Lo mismo cuenta un matrimonio que trabaja en la misma planta de Avilés, que, de sopetón, verán cómo dejan de ingresar dinero en casa.

El presidente de Alcoa en España, Rubén Bartolomé, defendió ante el secretario general de Industria, Raúl Blanco, el expediente de despido colectivo para los 686 trabajadores de las fábricas durante la primera reunión oficial tras el anuncio de cierre.