Aunque las versiones periodísticas de una inminente intervención estatal en la comercialización de granos no fueron ni confirmadas ni desmentidas por el Gobierno, el sector rural advirtió hoy en una solicitada publicada en los principales periódicos argentinos que la iniciativa es un "retroceso" para el país.

La solicitada está firmada por las patronales agropecuarias, seis bolsas de comercio y cereales, una quincena de cámaras de industrias relacionadas con el sector y diversos actores que intervienen en los mercados de granos y derivados.

Las entidades rechazaron "enfáticamente la posibilidad de que se establezca un sistema estatizado y monopólico" que "sólo generará perjuicios para consumidores y productores, aún cuando venga acompañado de anuncios de supuestos beneficios para ambos, como garantías de precios, de abastecimiento o rebajas en las retenciones" (impuesto a las exportaciones de granos).

Añadieron que una medida de esa magnitud provocará "una grave disminución de la producción" de granos, "con un fuerte impacto económico", y "serios daños a la imagen" de Argentina, uno de los principales productores y exportadores mundiales de granos y derivados.

Los rumores sobre una posible estatización del comercio de granos se produjeron luego de que el martes pasado las patronales agrarias y el Gobierno retomaran el diálogo tras siete meses de incomunicación y luego de seis huelgas comerciales que se iniciaron en marzo de 2008, cuando el Ejecutivo modificó los impuestos a las exportaciones de granos.

Sin embargo, las patronales agrarias consideraron insuficientes las mejoras para otras problemáticas del sector ofrecidas el marres por el Gobierno, al que el próximo martes volverán a plantear una bajada en las retenciones, algo a lo que el Ejecutivo se niega.

Algunos analistas del sector creen que detrás de los rumores por la estatización del comercio de granos se esconde un intento por presionar a los agricultores para que apuren la venta del remanente de la última cosecha de soja, entre 5 y 9 millones de toneladas, e ingresen así al Fisco unos 1.000 millones de dólares de los impuestos a las exportaciones de la oleaginosa.

Según algunas versiones de prensa, el proyecto bajo análisis supone la creación de una entidad estatal que compre los granos directamente a los agricultores para luego venderlos a los exportadores, lo que eliminaría actores en la compleja cadena de intermediación agrícola.

Para Jorge Weskamp, presidente de la Bolsa de Cereales de la ciudad argentina de Rosario, con esa iniciativa el Estado haría "desaparecer a todas las cadenas e intermediarios que fijan el precio por oferta y demanda", fijaría "como le parezca el precio" y los productores quebrarían.

Pero, según publicó hoy el diario Clarín, el proyecto que tiene bajo estudio el Gobierno consistiría en realidad en la creación de un organismo estatal que compita a la par de los grandes jugadores del sector, firmas de acopio, aceiteras, molinos harineros y exportadores, comprando y vendiendo granos, para morigerar distorsiones de precios.

Actualmente, el comercio de cereales, oleaginosas y derivados en Argentina está repartido entre grandes compañías multinacionales y empresas privadas y cooperativas locales con la intervención de corredores e intermediación en mercados y bolsas en los principales puertos de exportación del país.

Las principales firmas comercializadoras y exportadoras de granos y derivados que operan en Argentina son las multinacionales estadounidenses Cargill, ADM y Bunge; la francesa Louis Dreyfus, la holandesa Nidera y las argentina Aceitera General Deheza (AGD) y Molinos.

El año pasado, Argentina comercializó al exterior 80 millones de toneladas de granos, por 32.000 millones de dólares, aunque se prevé que en 2009 las exportaciones caerán a 18.000 millones de dólares por el recorte de la cosecha como consecuencia de la grave sequía que afectó a los cultivos.