Los 5.000 primeros demandantes afectados por el cierre del espacio aéreo en diciembre del pasado año reclaman a AENA y al Ministerio de Fomento 50 millones de euros, al haber tasado la indemnización por daños materiales y morales en 10.000 euros por persona.

Cremades & Calvo Sotelo, bufete que representa a la Agrupación de Demandantes Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo, ha presentado a primera hora de este miércoles en el registro del ente público un escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial al considerar que AENA es "corresponsable" de los perjuicios provocados por los controladores durante el pasado puente de la Constitución.

El escrito de reclamación, que consta de 60 páginas, iba acompañado de 23 cajas de documentación, entre las que se incluyen las facturas y justificantes presentados por los afectados, así como una síntesis de las vivencias "sufridas" y de los viajes "frustrados".

Según ha informado en rueda de prensa el bufete de abogados de Cremades & Calvo Sotelo, AENA es un "monopolio" que tiene la "obligación" de garantizar la navegación española aérea, a la vez que debe "responder siempre" ante los perjuicios ocasionados por sus trabajadores, en este caso, los controladores aéreos.

Así, el cierre del espacio aéreo "no fue un hecho imprevisible y podría haberse evitado", por lo que el "daño sobrevino a causa del mal funcionamiento de la empresa", matizan.

Por ello, "si los controladores no tienen medios para hacer frente a los pagos, debe ser AENA la que responda por ellos como responsable subsidiaria".

La reclamación presentada hoy "solo es la primera" de las que actualmente se encuentran en proceso de preparación, puesto que ya están ultimando la próxima demanda que alberga la reclamación de "otros miles" de afectados, que no han podido presentarse este miércoles por "cuestiones logísticas".

LA RECLAMACIÓN PODRÍA ASCENDER A MÁS DE 100 MILLONES

Desde el bufete indican que el plazo para realizar las reclamaciones no concluye hasta el próximo 3 de diciembre, por lo que han adelantado que a finales de verano podrían presentar 5.000 nuevas quejas, por lo que el montante de la demanda ascendería a 100 millones de euros.

En ese sentido, advierten de que "si luego se suma más gente, la reclamación será mayor", por lo que no descartan la posibilidad de que, además de las 10.000 reclamaciones presentadas una vez concluya el verano, haya más afectados que se adhieran a la reclamación colectiva.

Desde la fecha de la presentación, AENA dispone de seis meses para tramitar la reclamación y emitir su resolución final. En caso de que pasado ese tiempo dicha resolución no se haya producido, la norma establece que esa falta de respuesta debe interpretarse como una desestimación de la reclamación.

Según el bufete, el hecho de que el ente sea "juez y parte" de esta reclamación hace "muy probable" que sea desestimada, por lo que si esto ocurriera, la siguiente vía de defensa de los afectados sería acudir a los tribunales del orden Contencioso-Administrativo, encargados de revisar las decisiones de las Administraciones públicas y sus entes.

Por tanto, la relevancia de esta reclamación radica en que es el "primer paso" para la previsible vía Contencioso-Administrativo, que complementa la demanda penal existente.

En ese sentido, el bufete ha resaltado que llegado a este punto, "se va a ver" si la Administración española "está a la altura" y "sabe reconocer" la cantidad de perjuicios cometidos.