El despacho de abogados contratado por el propietario de la empresa 'Agroecológica Miguel Cazorla' y la cooperativa malagueña Frunet, a las que se señaló "con el dedo injustamente" y de manera errónea como origen del brote de bacteria 'E.coli', ha detectado "irregularidades manifiestas contra el derecho internacional y la legislación alemana" en el expediente que tramitaron las autoridades del estado-ciudad de Hamburgo para decretar la alerta sanitaria sobre el pepino ecológico español.

Así lo ha trasladado este lunes en rueda de prensa en Almería Miguel Cazorla, quien ha comparecido acompañado por el presidente de la Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, Francisco Casero, para anunciar lo que ha considerado la "primera batalla legal ganada" a las autoridades de Hamburgo.

Según ha explicado, éstas han remitido obligadas a su despacho de abogados por un acuerdo extrajudicial la documentación del citado expediente que está siendo analizada por los juristas y en la que, de momento, se ha detectado esas "manifiestas irregularidades" de cara a una demanda iniciada para que se dirima la legalidad o no de la alerta sanitaria.

Cazorla ha explicado que, en virtud de este acuerdo extrajudicial alcanzado en el marco de un proceso seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Hamburgo a instancias de las dos empresas para tener acceso a los documentos públicos, las autoridades de la ciudad-estado también han emitido "un retracto público" avalado por el juez en el que, si bien no se reconocen el error "para guardarse las espaldas ante la demanda por daños y perjuicios, sí precisan que sobre sus productos se ha levantado la alarma.

La escueta declaración de prensa, que no guarda proporción con el impacto mediático de la alerta sanitaria activada erróneamente y mostrada a los medios por el empresario agrícola almeriense, recoge a modo de "aclaración" que la "alarma general de no consumir pepinos, lechugas y tomates incluye también a los productos de la empresa Frunet", a la que sirve producto como cooperativa la explotación agrícola de la que es propietario Cazorla.

El comunicado, emitido a cambio de que ambas mercantiles andaluzas retirasen la demanda de solicitud de medidas cautelares contra las autoridades sanitarias de Hamburgo, matiza, no obstante, que las partes mantienen sus posiciones jurídicas en cuanto a la legalidad de la alarma, cuyos "graves daños injustos" aún se sienten en las exportaciones de producción ecológica. "El problema no ha terminado sino que está empezando ya que los lobbys de Israel, Marruecos o Egipto han convertido esto en una batalla comercial que va a provocar ventas la próxima campaña a muy bajo precio".

LLAMAMIENTO A LA SOCIEDAD CIVIL

En este punto, tanto Cazorla como Casero han demandado la implicación del Estado y de la sociedad civil en la demanda por vía judicial contra las autoridades alemanas por daños y perjuicios ya que, han asegurado, podría sentar un "precedente". El segundo ha hecho un "llamamiento a la sociedad" mientras que el primero ha considerado que el Estado español el que deben iniciar acciones legales. "Lo exigimos, que no esconda la cabeza debajo del ala y deje al frente de la defensa de los intereses de la marca España a pequeñas empresas a las que nos cuesta el dinero".

En esta línea, ha revelado que el proceso antes los tribunales ha supuesto hasta el momento un desembolso de 100.000 euros, a los que hay que sumar "sólo de inicio" otros 80.000 para formalizar la demanda por daños y perjuicios contra las autoridades sanitarias de Hamburgo, lo que, ha añadido, cuestiona el recorrido futuro de las accione legales que han emprendido.

"No sabemos lo que haremos a día de hoy pero es muy triste que llevando razón, tengamos que estar con paños calientes y con este sentimiento de impotencia e indignación", ha lamentado Cazorla. "Esto --ha ahondado-- debería hacerlo el Estado, es mucho dinero que no podemos pagar".

Cazorla acusó tras conocerse que los análisis realizados a los lotes de pepino ecológico habían dado negativo para la bacteria 'E.coli' a la senadora-ministra de la ciudad-estado de Hamburgo (Alemania), Cornelia Prüfer-Storck, de haber incurrido en "falso testimonio" al decretar la alerta sanitaria. "Esta señora", aseguró exhibiendo ante los medios de comunicación una fotografía de Prüfer-Stork, "tendría que estar en la cárcel por sus acusaciones. Para mí, --ha añadido Cazorla-- que pida disculpas, que dimita o que la expulsen de Alemania, no es bastante".