Tras la reunión del Consello de Gobierno, Núñez Feijóo explicó que "a la Xunta no le queda mas remedio que acudir a la Justicia ante la insolidaridad, el engaño y la incoherencia del Gobierno" en relación con este asunto.
El decreto del carbón aprobado por el Gobierno prima la utilización del carbón nacional frente al de importación, que es el que utilizan las centrales térmicas de As Pontes y Cerceda (A Coruña).
El presidente de la Xunta explicó que pedirá la suspensión cautelar basándose en la "nulidad" de la norma aprobada por el Gobierno y recordó que la aplicación del decreto supondría la pérdida de unos 3.500 empleos, entre directos e indirectos, y el cierre en la práctica de dos centrales térmicas en Galicia.
Además de este recurso ante el TS, Núñez Feijóo afirmó que el Gobierno gallego esperará a que se publique el decreto en el Diario Oficial de la Comunidad Europea para recurrir también la norma ante el tribunal de Luxemburgo.
El titular del Ejecutivo autonómico argumentó que con este recurso ante el TS no pretende "perjudicar" a otros territorios de España, sino evitar que a Galicia se le quite lo que es suyo.
Según Núñez Feijóo, el decreto aprobado por el Gobierno supone un "peligro" para el empleo en la comunidad y para su desarrollo económico y energético.
Tras agotar "todos los instrumentos políticos", explicó, "no queda más remedio que acudir a la Justicia", ya que la Xunta ha presentado las alegaciones oportunas en los foros pertinentes y no ha sido recibida por el Ministerio de Industria.
Sobre la reunión que hoy han mantenido el responsable de este departamento, Miguel Sebastián, y el líder de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, el presidente gallego señaló que se trata de "un episodio más de la falta de respeto institucional".
Núñez Feijóo sostuvo que la Xunta basará su petición para una suspensión cautelar del decreto en que su aplicación causaría unos perjuicios de difícil reparación para Galicia, en que "no hay perturbación para los intereses generales" si se suspende y en la "nulidad" de la norma.
Esta decisión del Gobierno que perjudica a Galicia, continuó el titular de la Xunta, "no coge por sorpresa" a los gallegos, ya que entre las últimas decisiones del Ejecutivo central figuran no haber apoyado al Xacobeo, al sector naval o al sector lácteo.
Entre las consecuencias de la aplicación del decreto del carbón estarían el posible cierre de dos centrales térmicas, el descenso de actividad de la planta regasificadora en la ría de Ferrol y la pérdida del 40 por ciento de ingresos del puerto de Ferrol, según Núñez Feijóo.
Además, también provocaría el desempleo de 3.500 personas y la caída anual de 10 millones de euros en ingresos por impuestos para la Xunta y las administraciones locales afectadas, concluyó.