Varias comunidades piden al Gobierno nuevas medidas para poder reducir el déficit

La respuesta de Salgado, al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha sido que éste no es el órgano en el que se deben tratar estos asuntos, que deben ser tratados en los respectivos consejos territoriales.

Ha dicho que las propuestas que lleguen desde esos ámbitos serán bien recibidas por parte del CPFF, y ha confiado en que si llega el caso los consejeros de las comunidades gobernadas por el PP voten a favor de las mismas.

Y es que, previamente, Salgado ha pedido coherencia a los consejeros populares, ya que si piden al Gobierno que plantee medidas para reducir el gasto y el déficit deberían haber votado a favor de las que se aprobaron en el decreto ley del pasado mes de mayo.

Ha precisado que en los consejos interterritoriales de Sanidad y Política Social trabajan en medidas que permitan mejorar la eficiencia y ha insistido, al ser preguntada por las propuestas de Cataluña, que no es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se tiene que aprobar o no una prestación que se refiera, por ejemplo, a política de medicamentos.

El consejero catalán de Hacienda, Antoni Castells, había pedido en la reunión a Salgado medidas para que las comunidades puedan alcanzar su "ambicioso" objetivo de déficit con fórmulas en las que los usuarios paguen parte de las prestaciones en sanidad, educación o servicios sociales.

Castells ha dicho que para lograr el objetivo de déficit aprobado hoy hay que adoptar medidas que tengan un "impacto financiero relevante", lo cual es "muy difícil" si no se entra en campos como los mencionados y ha dejado claro que este tipo de copago se debe implantar a usuarios con un nivel de renta determinado.

En la misma línea de petición de más medidas, se han pronunciado los consejeros de Economía de Canarias, José Manuel Soria, y de Madrid, Antonio Beteta, quien ha dicho que a pesar de haber sido instado por Cataluña y su comunidad y "prácticamente todas las comunidades", el Gobierno se ha negado a poner encima de la mesa ninguna medida para controlar el gasto y el déficit público.

Para Beteta, mucho más crítico con el Ejecutivo que Castells, el Gobierno ha hecho un "ejercicio de fariseismo" al aprobar un objetivo de déficit para las comunidades "sin medios para cumplirlo".

Las críticas al Gobierno se han repetido por parte del consejero de Economía de la Generalitat Valenciana, Gerardo Camps, quien ha acusado a Salgado, de dar "excusas de mal pagador" y de "echar balones fuera" al señalar que las propuestas para reducir el déficit no habían sido discutidas en los consejos interterritoriales.

Las comunidades autónomas se han comprometido hoy, por unanimidad, a reproducir cada una de ellas individualmente el objetivo común de estabilidad presupuestaria pactado para el conjunto de la administración autonómica para el periodo 2011-2013.

De acuerdo con lo aprobado en la reunión del Consejo, presidida por Salgado, cada comunidad autónoma podrá incurrir en un déficit equivalente al 1,3% de su PIB regional durante 2011 y 2012, y a 1,1% en 2013.

En la reunión, aunque fuera del orden del día, se ha debatido la petición de Galicia, apoyada por otras comunidades como Extremadura y Murcia, para aplazar el pago de la liquidación de los anticipos a cuenta correspondientes a 2008 y 2009 más allá de los cinco años fijados en la Ley de Financiación Autonómica.

Según Salgado, no ha sido una reclamación general, sino de "sólo tres o cuatro comunidades", a las que la vicepresidenta ha respondido que no ve razones para modificar "lo que ha sido aprobado por todos".

En este sentido, ha recordado que la propuesta inicial del Gobierno para la devolución de ese dinero era un año de moratoria (2010) y una pago aplazado a cuatro años, que después se amplió a cinco años, y que así fue recogido en el techo de gasto presupuestario calculado por el Gobierno y aprobado por el Congreso la semana pasada.

Por otra parte, Salgado ha explicado que los miembros del CPFF se han emplazado, a propuesta suya, a una reunión en noviembre para ver en qué medida afecta al trabajo del consejo las nuevas exigencias que en materia presupuestaria se puedan adoptar en octubre en el ámbito europeo.