El Gobierno de EE.UU. denuncia bonos multimillonarios de 17 bancos en plena crisis

"Hay 17 compañías que hicieron durante ese periodo de cinco meses (...) pagos imprudentes", explicó hoy en rueda de prensa Kenneth Feinberg, el responsable de los pagos del rescate orquestado por el Gobierno, que dirigirá a partir de ahora la compensación a los afectados por el derrame de petróleo en el Golfo de México.

Feinberg subrayó que los citados pagos no son ilegales, ni violaron ningún estatuto o regulación, pero sí reflejan mal criterio y solicitó que los bancos adopten prácticas voluntarias para que pagos de ese tipo no vuelvan a repetirse en momentos de crisis.

El conocido como "zar de la compensación" divulgó hoy los resultados de una investigación sobre las prácticas de 419 bancos que recibieron dinero del Gobierno estadounidense durante la reciente crisis financiera.

La investigación abarca el periodo previo a la entrada en vigor de restricciones sobre el pago de bonos en febrero de 2009.

El informe concluye que los citados bancos concedieron bonos a sus ejecutivos por valor de 1.700 millones de dólares entre finales del 2008 y febrero de 2009.

De ese total, 1.600 millones de dólares fueron concedidos por 17 grandes bancos del país entre ellos Citigroup, Bank of America y Goldman Sachs.

Feinberg indicó que los pagos no son ilegales porque las restricciones a las bonificaciones no entraron en vigor hasta febrero del año 2009.

Un gran número de bancos han aducido que se vieron obligados a realizar los abultados pagos debido a los contratos firmados con sus altos ejecutivos antes del inicio de la crisis a finales de 2008.

El informe señala que en caso de crisis las firmas deberían de tener la autoridad de "reestructurar, reducir o cancelar los pagos a ejecutivos" y no verse atados de manos por "garantías" adquiridas.

Según la recomendación totalmente "voluntaria" del estudio, si la junta directiva de una empresa concluye que la compañía está en "crisis", el comité de compensación debería de tener la autoridad de revisar o cancelar los pagos a ejecutivos.

"Y esa autoridad reemplazaría cualquier derecho que los ejecutivos tengan en circunstancias normales", indica el estudio.