En España hay alrededor de 500.000 personas migrantes trabajando, pero que aún no pueden normalizar su situación administrativa. Están en un limbo, sin derechos, con el riesgo a ser detenidos, y con la obligación de demostrar un arraigo para tener papeles. Un largo periplo que, a base de esfuerzo, muchos han conseguido recorrer y ahora están trabajando, en sectores donde la mano de obra es imprescindible. Regularizarlos supondría, según algunos estudios, sumar entre 790 y 950 millones de euros al año a las arcas públicas. 

En 2005 el Gobierno de Zapatero, puso en marcha un proceso de regularización que dio entrada a la seguridad social a más de 570.000 personas. Fue un éxito desde el punto de vista económico, pero también de integración.

Sin papeles es imposible que salgan adelante sus proyectos de vida, que aportan y suman a una sociedad envejecida, como la nuestra, que no podría salir adelante sin el saldo migratorio. Desde Cáritas, explican que es una cuestión de justicia social y de convivencia, pero también un empujón muy importante al sistema público de pensiones, que necesita de las aportaciones de estos trabajadores. Un dinero que ahora se esconde en la economía sumergida. 

Ellos lo tienen claro, han venido para aportar, y quieren hacerlo. Así nos lo explica Luz Marina, que sueña con que esa regularización sea una realidad y poder terminar sus estudios de psicología; llegó de Colombia hace dos años y medio. Y también Heidi, Yasmín, Baba o Ricky, que han conseguido, después de mucho esfuerzo, un contrato laboral, un empleo que les gusta, amigos, un arraigo. Y que sienten que tienen toda una vida por delante.  

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