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Rodrigo Rato, exministro de economía, atacó a la Fiscalía Anticorrupción y a la Abogacía del Estado en la sesión del juicio contra su persona, que se celebró este miércoles, por el presunto incremento ilícito de su patrimonio. "Nos toman por tontos", ha llegado a decir sobre determinados argumentos esgrimidos en la vista.
El exministro ha mostrado una negativa durante todo el juicio, desde el inicio, declarando como acusado, avanzaba que no iba a responder a las preguntas de la acusación. ¿La razón? Decía Rato que durante el juicio se han usado "correos --electrónicos-- no expurgados" que afectaban a "terceras personas", matizando que dado que no quería contribuir a ello, no les respondería.
En este sentido, y a preguntas de su abogada María Massó, ha llegado a decir de la representación legal del Estado que "es increíble que funcionarios públicos españoles" pudieran sostener que en su etapa como director gerente del Fondo Monetario Fiscal (FMI) fuera residente en España.
"Es increíble que puedan decir estas cosas, no sé de dónde sale esta gente, es muy fuerte (...) que un funcionario diga que yo he estado 10 días en Washington --sede del FMI-- en 2006, nos toman por tontos", ha señalado visiblemente enojado.
Con su abogada, Rato ha ido desgranando apunte por apunte todas las transferencias y movimientos financieros a estudio y ha dado explicaciones sobre cada sociedad y cada año fiscal. "Los fondos son todos perfectamente identificables y --los movimientos tienen-- una explicación razonable", ha dicho.
En este sentido, Rato ha llegado a acusar a la Fiscalía y a los investigadores de Hacienda de "montar una fabulación" en este caso y de ir "a la búsqueda del tesoro perdido" ahondando en la idea de que la causa contra él fue prospectiva. "Pretender que los particulares tengamos datos que ya no existen y, entonces, sobre eso montar una fabulación, pues es injusto", ha indicado.
Cabe recordar que Rato está acusado de 11 delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. Anticorrupción interesa para él una pena de aproximadamente 70 años de cárcel por haber defraudado más de 8,5 millones en la gestión de su patrimonio.
En este primer día de declaración, ha cobrado relevancia la amnistía fiscal a la que se acogió en 2012. De ella ha recordado que "fue muy controvertida en España", que creó muchas dudas y que "los bancos y las empresas especializadas estaban al cabo de la calle" para captar clientes porque afectó a 75.000 personas.
Él se la encargó al despacho de Plazas Abogados y ha concedido que antes de ese hito no incluyó a las sociedades extranjeras Wescastle, Vivaway y Red Rose en sus declaraciones porque "no tenía una conciencia de que esas mercantiles estuvieran ocultando un patrimonio" y por tanto "no tenía sensación de urgencia", aunque ha explicado que esa decisión pudo ser equivocada. Cabe recordar que la Fiscalía sospecha que usó esa amnistía fiscal para blanquear y limpiar cuotas defraudadas.
En cuanto a los trabajos de índole macroeconómico que realizó para empresas como Telefónica y que cobró por medio de sociedades como Kradonara o Arada --sociedades suyas-- y no de forma personal, ha señalado que lo hizo así porque pensó que se podía declarar como trabajo profesional.
En concreto, sobre los informes para Telefónica, ha explicado que le dedicaba prácticamente medio mes, que llevaba mucha elaboración, y ha zanjado que la forma era correcta dado que ese tipo de cliente "no va a andar con cosas extrañas".
Sobre sus trabajos de conferenciante, que realizaba a través de la empresa BCC y que facturaba también a través de Arada, ha incidido en que el propio presidente de BCC declaró que "más del 50% de los conferenciantes lo hacían a través de sociedades".
Al hilo, ha sostenido que echaba mano de secretarias y consultores para esas conferencias, que llevaba mucha gestión, y ha llegado a enfatizar que es "casi el único español al que se le acusa de delito fiscal" por facturar a través de una empresa ese tipo de trabajos.
Sobre una de esas sociedades extranjeras, Wescastle, que están en el punto de mira de la Fiscalía, Rato ha explicado que los fondos que contiene provienen de la herencia familiar de su padre.
En concreto, ha explicado que su padre tuvo que pagar una multa en 1968 por tener fondos en el extranjero, pero que Hacienda no le obligó a repatriarlos y el dinero quedó ahí hasta que la familia en 2004, cuando empeora el estado de salud de su madre --su padre fallece en 1998--, decide dejar la gestión de ese patrimonio a Rato.
Sobre esa cartera, radicada en Ginebra, ha señalado que era muy conservadora y que él tomó contacto con los gestores y de vez en cuando hablaba con ellos por teléfono. Pero ha enfatizado que ni introdujo ni retiró fondos de la misma.
Uno de los momentos más críticos de la vista, ha sido cuando la defensa de Rato ha puesto sobre la mesa que la unidad de auxilio de la Fiscalía sostiene que Rato siendo director gerente del FMI sólo estuvo fuera de España 41 días en 2004, 53 días en 2005, 10 días en 2006 y 31 días en 2007.
"¿Le encuentra alguna explicación a este cálculo?", ha preguntado Massó, a lo que Rato ha respondido: "Bueno, sólo tiene dos explicaciones. O es una falsedad, o es una tontería".
Así, una vez más, ha vuelto a cargar contra los funcionarios que calcularon esos datos y ha recordado que durante su estancia en Washington residía allí --de hecho adquirió una vivienda-- y viajaba mucho por su cargo pero siempre regresaba a la sede del FMI.
En otro momento, y sobre la acusación de que participó en una SICAV radicada en EEUU, ha sostenido que no fue así y que de hecho los documentos en los que se apoya la Fiscalía para sostener eso eran en realidad de otra cliente del bufete que se registró en el marco de la causa.
"Volvemos a la prueba diabólica. Yo tengo que demostrar que una cosa no es mía. Y además, en este caso, hay una persona que dice que es suyo", ha apostillado.
Esta idea de tener que demostrar que determinados apuntes bancarios no guardaban relación con él ha gravitado a lo largo de toda la sesión, y de hecho Rato ha llegado a quejarse de que la Fiscalía pretende que "cualquier persona que trate" con él en realidad sea él.
"Todo para sostener que yo tengo un patrimonio oculto que justifique que el 750 --modelo para aflorar bienes adquiridos con rentas no declaradas y regularizar las mismas-- está mal hecho", ha explicado, para añadir que "todo bicho viviente que trata conmigo, inmediatamente su dinero es mío".
Por otro lado, Rato ha afeado al Ministerio Público que la causa haya ido "expandiéndose y mutando". Y ha incidido en que lo que ha ocurrido con su persona en Derecho Penal se denomina "prueba inquisitorial": "Y es que tengas que demostrar que no eres algo, lo cual pues no dice mucho de los que lo practican".
La declaración del exministro continuará este jueves, cuando la defensa entrará a preguntar por la parte de la causa que afecta los contratos publicitarios firmados por Bankia con Publicís y Zenith siendo éste presidente de la entidad.
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