En Canarias, rebelión de los afectados por la ley que obliga a ceder la explotación de viviendas en determinadas zonas a los operadores turísticos. Los propietarios han empezado a recibir multas que, en algunos casos, ascienden a los 30.000 euros. Estupor entre los propietarios de la playa del inglés en Gran Canaria. Han empezado a llegarles multas por negarse a ceder su vivienda a un operador turístico como obliga una ley del gobierno canario en determinadas zonas.
Remedios la compró para disfrutar de una segunda residencia en la playa. Ni siquiera podría alquilarla ella misma. Está obligada a cederla a una empresa, perdiendo dinero. Denuncia que quieren apropiarse de su propiedad. Son 70.000 personas afectadas en todas las islas que se han unido para denunciar. Como ellos mismos dicen: "Nos quitan la casa, nos multan por vivir en ella". Una ley del Gobierno canario que no gusta. Las multas para los reincidentes pueden llegar a los 30.000 euros.
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