El 80% de los ciudadanos no está de acuerdo con la gestión de las Zonas de Bajas Emisiones instauradas en Barcelona (2020) y Madrid (2021). Es el contundente dato que se extrae de una significativa encuesta realizada por el club automovilístico RACC y la aseguradora Zurich a más de 1.000 ciudadanos de estos dos centros urbanos y sus áreas metropolitanas adyacentes.

La aspiración de reducir las emisiones de gases y partículas contaminantes en los centros urbanos sí parece correcta a una mayoría de ciudadanos, encontrando un respaldo del 55% entre los madrileños y del 51 entre los barceloneses. En ambos casos son los residentes del centro de la ciudad los que más apoyan esta acción.

Pero la movilidad en las urbes es algo tan necesario en la vida diaria y también tan compleja de organizar, que el rechazo a la gestión de las ZBE es frontal. Así, 8 de cada 10 encuestados dicen estar insatisfechos con la gestión de las mismas. Y aún es peor la comprensión de su funcionamiento, algo que el 90% de los ciudadanos consideran como muy difícil de entender. Además, y en un porcentaje muy elevado, creen que estas ciudades deberían tener los mismos criterios (60% en Barcelona y 59% en Madrid).

También queda de manifiesto que las prohibiciones y restricciones no son del agrado de la mayoría de sus habitantes. La mitad de los madrileños y el 55% de los barceloneses se muestran en desacuerdo con que se incrementen las restricciones sobre los vehículos con la etiqueta B (la amarilla). La oposición fue muy destacada cuando se les preguntó acerca del establecimiento de un posible peaje urbano, con un desacuerdo del 70% en Madrid y de un 68% en la capital catalana. En ambos lugares los residentes del área metropolitana fueron los que manifestaron una mayor oposición.

Y ante la pregunta de si se deben aplicar ZBE en todas las ciudades de 50.000 habitantes, la división entre síes y noes es de 41% y 42% respectivamente por ejemplo en Madrid (17% restante NS/NC).

Por otro lado, no parece que su implantación logre los objetivos deseados en el comportamiento de estos urbanitas, ya que sus vecinos no han cambiado sus hábitos de movilidad ni en Madrid (65%), ni Barcelona (75%), y la mayoría de ciudadanos no han apreciado impacto positivo derivado de la instauración de las ZBE, ni tampoco sobre que haya mejorado la calidad del aire.

Igualmente sus respuestas muestran opiniones muy dispares sobre la renovación de la flota de vehículos. Por ejemplo, entre los que han comprado un vehículo nuevo, sólo la mitad han comprado un coche con Etiqueta Eco y sólo un 5% ha adquirido un vehículos de los más eficientes con Etiqueta Cero Emisiones, manteniéndose la compra de vehículos con etiqueta C e incluso con etiqueta amarilla o B.

Respecto al transporte público este recibe valoraciones altas en Madrid y de aprobado en Barcelona, mientras que la red ciclista suspende (salvo la urbana en Barcelona). También es criticada la ausencia de red de recarga, que sólo obtiene 3,5 y 3,3 puntos sobre diez, respectivamente.

Hace pocos días Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, reconocía que a día de hoy sólo hay 14 ciudades españolas con Zonas de Bajas Emisiones activadas. Eso es menos del 10%, teniendo en cuenta que hay 151 ciudades que cuentan con más de 50.000 habitantes que están obligadas por Europa a instaurarlas. Además, las ciudades de más de 20.000 habitantes tienen que tener planes de ZBE para activarlos en caso de que por episodios de alta contaminación tuvieran que activarlos.

Según Ribera, “no puede haber sanciones entre administraciones”, pero desde el ministerio de Transportes se ha avisado a los ayuntamientos “lentos” de que en el caso de que no cumplan las exigencias o desmantelen estas ZBE deberán devolver los fondos Europeos Next Generation. En total se han enviado cartas a 188 ayuntamientos. La vicepresidenta tercera ha llegado a amenazar con que irá a los tribunales en caso de ser necesario para que la Ley del Cambio Climático se cumpla.

La directora general de Transportes y Movilidad también ha llegado a afirmar que se “dejará un agujero tremendo en las cuentas del municipio” además de desalinearse con las que denominó como “corrientes internacionales”. La imposición de las ZBE llega de Europa, pero está claro que los ciudadanos no están en absoluto satisfechos con la gestión. La siguiente duda más elevada es si esa imposición es posible, dada la dificultad que entraña la medida. Es decir, si esa gestión no está enfocada al fracaso por ser irreal y si no hubiera sido mucho mejor enfocar toda la inversión y todos los esfuerzos en procurar a los ciudadanos un transporte privado o público mucho mejor y más sostenible, facilitando y no prohibiendo.

Así que aunque el objetivo de la medida parece ser respaldado por los encuestados, estos se muestran en general muy críticos con cómo se ha implantado. Por ello, al final de los resultados, tanto el RACC como Zurich ofrecen una serie de recomendaciones a sus gestores.

 Pero lo que más significativamente destacan es el dirigir la inversión al transporte urbano y sostenible, con medidas como: