Yolanda Díaz propone un impuesto permanente a la grandes fortunas: quiénes son y a quiénes afectaría

Sumar, la plataforma liderada por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ya trabaja con propuestas firme sobre lo que considera será una revolución en el sistema fiscal español. El equipo económico de Díaz se ido ampliando con nuevas incorporaciones como la de Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001 o, más recientemente, Carlos Martín, economista vinculado a CCOO. Entre las propuestas estrellas de este nuevo equipo destacan cuatro reformas prioritarias para España: fiscalidad, productividad, reforma empresarial, y control, vigilancia y limitación de los beneficios de las empresas.

Yolanda Díaz ha defendido esta nueva hoja de ruta de la izquierda española en la que se busca convertir en permanente el impuesto a las grandes fortunas, así como aumentar la progresividad en el IRPF, elevar la aportación de las grandes empresas en el Impuesto sobre Sociedades e "innovar" en otras fórmulas tributarias que, por ejemplo, hagan de la española una fiscalidad "feminista".

El impuesto a las grandes fortunas afectaría, según datos oficiales, a 246.500 individuos con un elevado patrimonio neto (HNWI por sus siglas en inglés). Se trata de un 4,4 por ciento más con respecto al año anterior, lo que nos sitúa en la posición 15 dentro de los 25 principales mercados por población.

Actualmente el tipo del impuesto a las grandes fortunas es del 1,7 % para los patrimonios entre 3 y 5 millones de euros; del 2,1 % para los patrimonios entre 5 millones y 10 millones; y del 3,5 % para aquellos patrimonios superiores a 10 millones de euros. En principio, el impuesto estará en vigor durante los ejercicios 2023 y 2024.

Este tributo es complementario del Impuesto sobre el Patrimonio, que ingresan en su integridad las Comunidades Autónomas. De esta forma, lo abonado por el Impuesto sobre el Patrimonio se descuenta de la cuota a pagar del Impuesto de Solidaridad de Grandes Fortunas. Así se evita tributar dos veces por el mismo patrimonio y concepto. Y, al mismo tiempo, el nuevo tributo garantiza que todas las grandes riquezas contribuyan al sostenimiento del Estado de bienestar.

"Es imprescindible hacer una reforma estructural de los ingresos públicos (...) Tenemos que impulsar una reforma fiscal estructural en España. No podemos vivir de las fuentes de normas tributarias que traen causa del viejo siglo XX, de estructuras tributarias que no atañen a la realidad económica", ha subrayado Díaz.

Frente a las rebajas impositivas que propugna el PP, la vicepresidenta aboga por una reforma fiscal que cierre la brecha de ingresos sobre el PIB que tiene España respecto de la media europea y que introduzca "justicia" retributiva para evitar que, por ejemplo, un pequeño negocio tribute al 17,5 % y una gran empresa sólo al 3,8 %.

"Quien más tiene más debe de contribuir (...) Esto no va de subir o bajar impuestos, va de quién paga impuestos", señala Díaz. Así, la vicepresidenta segunda apuesta por aumentar la progresividad en el IRPF porque "no es justo en términos democráticos" que el 85% de lo que recauda provenga de las rentas salariales.

"Y tenemos que innovar en formas alternativas de fiscalidad, como es la transición digital, la transición verde, pero también la fiscalidad feminista. Tenemos realidades diferentes que también tienen que ser abordadas en esta nueva estructura de ingresos públicos de nuestro país", ha apuntado.

Junto a la reforma fiscal, Díaz ha hablado de la necesidad de controlar los márgenes empresariales ante la "crisis de inflación sin precedentes" que vive España, pues aunque el país tiene la inflación más baja de Europa, el precio de los alimentos está creciendo al 12 %, ha apuntado.

La vicepresidenta ha reiterado que los salarios no son los causantes de la inflación, sino que lo son los márgenes empresariales, por lo que ha defendido la necesidad de crear un Observatorio de control y vigilancia de los márgenes empresariales vinculado la revalorización de los salarios y alcanzar "un acuerdo de país" en el que el control de los beneficios de las empresas "sea una nueva forma de hacer las cosas en la vida pública y sirva para mejorar la vida de la gente".

Otra de las reformas planteadas por Díaz tiene que ver con el "enorme problema" de la productividad en España, que presenta un diferencial negativo respecto a la media europea de 25 puntos.

"Este diferencial negativo no es un problema de las personas, es un lastre estructural de nuestra economía que arrastramos desde hace cuatro décadas. Tenemos que hablar de productividad (...) porque es el principal factor de crecimiento y de generación de riqueza de un país", ha avisado.

Por ello, Díaz ha abogado por seguir las recomendaciones de la Unión Europea y crear un Consejo de Productividad en España, conformado principalmente por empresas, sindicatos, administraciones públicas y académicos, todo con el objetivo de plantear aquellas medidas más eficaces que permita mejorar la productividad en España.

La cuarta y última reforma prioritaria para Díaz es la remodelación del marco empresarial y su democratización. "Necesitamos empresas de mayor tamaño, con mayor innovación, con más investigación, con mayor participación de los trabajadores (...) Necesitamos llevar la democracia a las empresas", ha apuntado.

Junto a todo lo anterior, la ministra de Trabajo y líder de Sumar ha abogado por acometer una reforma que permita reducir la "inaceptable" temporalidad en el sector público, cuya tasa alcanza el 31,2% frente a poco más del 13% en el sector privado.

"Una profesora o una enfermera no puede encadenar un contrato tras otro. Si lo hemos hecho en lo más difícil, que son las empresas privadas, lo tenemos que poder hacer en lo más fácil, que son las administraciones públicas", ha subrayado Díaz, que ha añadido que aunque esta reforma no es competencia de Trabajo, es "una reforma clave de país establecer el principio de la estabilidad en el empleo" en el sector público.

La vicepresidenta, que ha aprovechado su intervención para volver a pedir al PP que retire su recurso de inconstitucionalidad contra la reforma laboral, también ha abogado en su discurso por reformar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para modernizarla.

"Es algo extraño, muy raro, que las empresas, las grandes 15 empresas públicas de nuestro país dependan del Ministerio de Hacienda. Creo que la SEPI tiene que ser absolutamente modernizado, igual que tienen que ser absolutamente modernizadas las 15 grandes empresas que dependen de este organismo", ha concluido.