El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva tarifa de la luz, una promesa pendiente con la Unión Europea, que afecta a nueve millones de clientes. La nueva tarifa PVPC –aquella a la que deben estar acogidos los usuarios del bono social- se calculará teniendo en cuenta los precios de los mercados a futuro, restando peso a los precios diarios en la factura. Esta no entrará en funcionamiento hasta 2024.

El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) supondrá una importante reducción de la volatilidad de los recibos de la luz.

La nueva tarifa de luz da cumplimiento a una de las condiciones impuestas por la Comisión Europea para aprobar la llamada excepción ibérica, aunque llega con más de ocho meses de retraso.

A día de hoy la PVPC, es decir, la tarifa del mercado regulado a la que deben estar acogidos los usuarios acogidos al bono social, se basa en el precio de la electricidad en el mercado mayorista diario e interdiario –hora a hora-, muy volátil y que lleva encareciendo las facturas de los consumidores finales desde el verano de 2021, situación que empeoró con el estallido dela guerra de Ucrania a principios de 2022.  

"Esta tarifa ha sido la más conveniente desde que se implantó, pero con las turbulencias nos dimos cuenta de que era enormemente insegura si se volvía a producir un episodio como el de 2022", ha dicho la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La nueva forma de calcular la tarifa regulada de la luz  tiene en cuenta los precios con un componente de largo plazo aunque también se introducen productos de corto para “permitir igualmente a las comercializadoras de referencia ajustar con mayor precisión su portfolio de energía a las verdaderas necesidades de suministro", según detalla el documento que se lanzó a información pública por el Ministerio.

Para la señal de precio a plazo, "el producto mensual supondrá un 10% del total, el producto trimestral un 36%, y el producto anual suponga un 54%", recoge la propuesta. El mayor peso de la media anual permitirá dar estabilidad al precio resultante y suavizar las oscilaciones.

La nueva tarifa se irá introduciendo gradualmente. Hay un marco transitorio por el cual el peso de la señal a plazo se incrementase de forma gradualmente hasta alcanzar un 55 % en 2025, dejando el porcentaje restante (45 %) a la señal diaria e intradiaria.

Además, el proyecto de real decreto introduce un nuevo componente en la estructura del PVPC para recoger el valor unitario del coste del bono social que deben soportar las comercializadoras de referencia. La facturación del precio voluntario para el pequeño consumidor pasaría a estar compuesto por la suma de los términos de facturación de potencia, de energía activa, de financiación del bono social y, en su caso, de energía reactiva.

El texto que se aprueba hoy en Consejo de Ministros incluye las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y "refleja puntualmente" el contenido enviado al Consejo de Estado. Hasta nueve millones de usuarios están acogidos al PVPC, 1,5 con bono social. Ninguno debe hacer nada para que se le aplique la nueva facturación.