La jubilación de los políticos es un tema que siempre ha despertado desconfianza. Se suele decir que estos mandatarios perciben una pensión vitalicia tras su paso por el Parlamento y que pueden jubilarse mucho antes que el currito de turno. Sin embargo, y a pesar de que los políticos sí pueden disfrutar de ciertos privilegios, ninguna de estas dos afirmaciones es cierta. Al menos, actualmente.
Hasta hace unos años, los políticos podían disfrutar de unos privilegios sin parangón. Aunque hubieran ocupado su cargo durante un periodo de tiempo reducido, estos mandatarios tenían derecho a cobrar la pensión máxima vitalicia. Además, y a diferencia del común de los trabajadores, que debían haber cotizado en torno a un mínimo de 35 años para poder cobrar la totalidad de su pensión de jubilación (en este 2023, este mínimo es de 37 años y 9 meses), estos mandatarios podían cobrar el importe total de esta prestación con solo 11 años de trabajo en las Cortes. Y si solo trabajaban durante siete años, podían beneficiarse del 80% de la cuantía de esta pensión.
A estos mandatarios también se les pagaba un plan de pensiones hasta la jubilación, incluso cuando ya habían dejado el cargo. Además, y tal y como recogimos en un artículo anterior, si cesaban a los 55 años y no tenían trabajo, se les mantenía de alta en la Seguridad Social y se les completaban las cotizaciones hasta que pudieran jubilarse, mientras que a aquellos que no llegaban la pensión máxima, o no tenían derecho a ella por no haber cotizado lo suficiente, se les pagaba una ayuda de gracia o bien que aumentaba la cuantía de su prestación hasta el máximo.
Esta situación de privilegios cambió en 2011, cuando, con José Bono como presidente del Congreso, se aprobó un acuerdo para que los diputados y senadores cotizaran igual que el resto de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Como consecuencia, actualmente estos mandatarios deben cumplir con los mismos requisitos que el resto de ciudadanos para poder cobrar la totalidad de su pensión de jubilación. La medida, no obstante, no se aplicó de manera retroactiva, por lo que los políticos que ejercieron hasta 2011 aún pueden disfrutar de este privilegio.
En el caso de la pensión vitalicia, por su parte, solo los ex-presidentes del Gobierno pueden cobrar esta prestación. Además, también cuentan con coche oficial y chofer, escolta, asistente, secretario y pueden viajar de manera gratuita en las compañías de transportes terrestres, marítimas y aéreas del Estado.
Aunque los diputados no tienen derecho a la pensión vitalicia, sí pueden cobrar dos indemnizaciones cuando dejen su cargo público: una por la disolución de la cámara, que se cobra a partir del primer día del mes siguiente al de la disolución de la cámara y hasta el día anterior al de la constitución de la nueva cámara, y una por cese de actividad, y una por el cese de su acta como diputado, que podrán cobrar hasta un total de 24 veces siempre y cuando hayan más de dos años en el cargo.
En cualquier caso, ninguna de estas dos indemnizaciones es vitalicia.