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Las políticas de integración que se han llevado a cabo en las últimas décadas han dado sus frutos a la hora de facilitar el acceso a las personas con discapacidad a las ofertas laborales de empleo público como Correos. Como ciudadanos de pleno derecho deben contar con opciones de obtener estos puestos de trabajo y por ello existen unas cuotas que mencionaremos a continuación.
El primer paso para conseguir un empleo público es informarse de las ofertas laborales que las diferentes administraciones publican. Para ello, deben informarse a través de las vías que esas administraciones utilizan. No obstante, todas las convocatorias de empleo público aparecen en el Boletín Oficial del Estado.
Asimismo, las páginas web pertenecientes al ministerio, la diputación, la comunidad autónoma o el ayuntamiento también deben informar sobre la convocatoria de una oposición. En ese mismo documento aparecerán los diferentes plazos que se han de tener presentes.
Y eso no es todo, cualquier oferta laboral pública aparecerá en la web Funciona del Gobierno de España, “el portal del empleado al servicio de las AA.PP. que provee de información y servicios de interés a todo el personal de la Administración General del Estado y se gestiona desde la Secretaría General de Administración Digital”.
En definitiva, las personas con alguna discapacidad pueden acceder a los empleos públicos que convoca cualquier administración como cualquier otro ciudadano, con la salvedad de que existen una serie de cupos expresamente destinados a ellas.
Precisamente en el Real Decreto 2271/2004 se planteó “la reserva de un cupo no inferior al 5 % de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad”. Además, en esta normativa se incluía la necesidad de adaptar el tiempo y los medios de realización de las pruebas con el objetivo de asegurar las condiciones de igualdad.
Esas adaptaciones se aprobaron en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio. De ese modo, los aspirantes a una plaza de empleo público que tengan alguna discapacidad podrán solicitar ajustes que sean razonables tanto de tiempos como de medios para la realización de las pruebas en el proceso selectivo que conlleva cualquier oposición. Eso sí, tal y como informa el Gobierno de España, “deberán adjuntar el dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad, acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s permanente/s que hayan dado origen al grado de discapacidad reconocido”. De ese modo, el tribunal podrá valorar si concede o no la adaptación solicitada.
Además del porcentaje apuntado, en la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio se introdujeron novedades en cuanto a los cupos. En cualquier oferta de empleo público debe reservarse el 7 % de las mismas para personas con discapacidad, mientras que el 2 % han de corresponder a solicitantes con discapacidad intelectual. Es más, recientemente la ministra de Hacienda y Función Pública, María José Montero expuso que el 7 % se elevaría hasta el 10 %, mientras que las plazas destinadas a personas con discapacidad intelectual se mantendrán.