Ley de Vivienda: la OCU denuncia que el mayor coste de facilitar el acceso se traslada a los arrendadores

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) denuncia que la Ley de Vivienda, aprobada esta semana en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, traslada al pequeño propietario el coste de la falta de vivienda asequible en alquiler. Subraya que no resulta justo imponer a un particular el deber de alojar a otras personas sin contraprestación ni garantías, como consecuencia de la dejadez de las obligaciones de los poderes públicos.

El organismo destaca que, según una sentencia del Tribunal Constitucional de febrero de 2019, es obligación de los poderes públicos promover las condiciones que hagan efectivo el derecho de los españoles a disfrutar de una vivienda digna. Una promoción que, defiende OCU desde hace años, debería pasar por el impulso de un parque de vivienda social junto con la generación de un contexto de seguridad jurídica que fomente la oferta por parte de los arrendadores.

OCU celebra que la nueva ley potencie el alquiler social, pero considera que es una medida que llega tarde y que tardará años en ser efectiva. El parque público de vivienda social en alquiler ascendía en 2019 a unos 290.000 inmuebles (180.000 de las comunidades autónomas y 110.000 de los ayuntamientos y entidades dependientes). Una cifra que apenas ha crecido desde entonces y que supone una cobertura al 1,6% de los hogares españoles, muy lejos del 9,3% de la media europea.

Según la organización, las administraciones deberían multiplicar por cinco el parque de viviendas públicas en alquiler, bien promoviendo su construcción mediante la concesión de suelo público, bien adquiriendo viviendas libres y desocupadas para este fin. Otra opción, al menos temporal, sería la concesión de ayudas directas al alquiler para quien más lo necesite.

En lo que respecta al contexto de seguridad jurídica que impulse la oferta por parte de los arrendadores, OCU cree que, aunque la limitación del alquiler podría servir para estabilizar los precios a corto plazo, obliga a los arrendadores a asumir la mayor parte del coste de la falta de acceso a una vivienda asequible, cuando muchos de ellos dependen en gran parte de este ingreso para su economía familiar; de hecho, el 44% declara ingresos anuales inferiores a los 21.000 euros.

Además, destaca que, a medio plazo, puede generar efectos contrarios: la falta de seguridad jurídica en situaciones como la 'inquiokupación' provocará que la oferta siga siendo reducida y los precios no lleguen a un punto de equilibrio, con lo que se puede volver a una cronificación de la escasez de alquiler, como ha sucedido en décadas pasadas.

En aras del interés de las personas vulnerables que encuentran más barreras de acceso a la vivienda, OCU pide un entorno jurídico seguro para los arrendadores, de modo que les permita aspirar a cobrar las rentas y a poder recuperar la vivienda en plazos razonables en caso de impago u ocupación, resaltado que sólo la ampliación de la oferta de vivienda pública y privada contribuirá a un equilibrio más estable de los precios.

Por último, el organismo lamenta la falta de consenso previo con el resto de los partidos políticos y otros agentes sociales afectados, como las asociaciones de propietarios y de consumidores. Y concluye que la política de vivienda es un problema de Estado y debería tratarse con altura de miras, buscando acuerdos con los diferentes actores que aporten soluciones a medio y largo plazo.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha admitido que la nueva Ley de Vivienda no comportará una reducción importante del precio de los alquileres: "Es evidente que no provocaremos un desplome, una caída estrepitosa de los precios del alquiler".

Asimismo, Sánchez ha asegurado que "no es una ley que ampare las ocupaciones" y ha pedido no generar "miedo ni alarma social". Así, ha recordado que hay instrumentos en el código penal "que prevén la figura de la usurpación y el allanamiento", y que permiten desocupar en un plazo máximo de 48 horas.

Sin embargo, ha puesto como excepción los casos con "ponderables sociales", en los que ha dicho que se debe intentar alcanzar un acuerdo con grandes tenedores, aunque si no se cumplen las condiciones, el proceso de desahucio continuará.

Sánchez también ha insistido en que este punto no afecta a los pequeños propietarios, y ha manifestado que, a pesar de tener "paralizados los desahucios, las ocupaciones han bajado".

Sobre la ampliación del parque de vivienda pública, la ministra ha recordado el objetivo de levantar 100.000 viviendas, algo que para ella significa "cambiar el paradigma y las bases de la política de vivienda" en España.