Tras conseguir desbloquear la ley de vivienda, el Ejecutivo lleva este martes al Consejo de Ministros el anuncio realizado el pasado domingo por el presidente Pedro Sánchez de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb para dedicarlas al alquiler social. A menos de mes y medio de las elecciones municipales y autonómicas, el Gobierno impulsará esta iniciativa para que gran parte de las viviendas vinculadas al llamado ‘banco malo’ se destinen a arrendamientos “a precios asequibles”.

Estos inmuebles procederán de tres líneas de actuación diferentes en las que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) trabaja desde el pasado año, cuando el Estado se aseguró en abril el control de más del 50% del accionariado del organismo mediante el aumento de su participación en el Frob.

En la actualidad, esta sociedad creada en 2012 para quedarse con los activos inmobiliarios de las entidades financieras rescatadas tras el estallido de la burbuja, cuenta con cerca de 47.200 viviendas (a las que hay que sumar suelos, obras en curso, y inmuebles de uso terciario hasta superar las 133.000 unidades).

Una parte de las 50.000 viviendas prometidas estará formada por las 14.000 que la Sareb tiene que ya están habitadas. El organismo está estudiando desde hace meses las características de las personas que viven en ellas para comprobar si cumplen los criterios de vulnerabiliad que marca el Fondo Social de Vivienda. En caso de que sea así, se les ofrece un programa de alquiler, con una renta ajustada a sus ingresos y un proceso de acompañamiento de inserción laboral.

Hasta el momento se han detectado ya 9.000 inquilinos con indicios de vulnerabilidad y se han firmado 2.000 contratos de alquiler social.

Esta actuación está siendo llevada a cabo por la propia Sareb tras constatar el complicado funcionamiento de la estrategia anterior, que consistía en ceder viviendas a las comunidades autónomas y ayuntamientos para que fueran estos quienes se encargaran de la gestión. Aun así, entre esas 14.000, hay también 3.000 ocupadas en virtud de esos convenios firmados con anterioridad.

Otra de las líneas para destinar los recursos de la Sareb al alquiler social consiste en poner a disposición de las administraciones autonómicas y locales hasta 21.000 viviendas del banco malo para que sean adquiridas por estas y aumentar su parque de vivienda social, como se ha hecho en la Comunidad Valenciana.

En este caso, Sareb y el gobierno autonómico acordaron el pasado mes de febrero la venta de hasta 500 viviendas con una inversión de 50 millones de euros. La operación ha sido la de mayor envergadura realizada hasta la fecha, aunque en los últimos meses se han llevado a cabo también ventas de viviendas a la Xunta de Galicia (40 inmuebles en 16 municipios por 3,5 millones de euros) y al Gobierno de Murcia (15 viviendas y 13 plazas de garaje en cuatro municipios por más de 884.000 euros).

Con la oferta de estas 21.000 viviendas para ser compradas por las administraciones públicas y las 14.000 que la Sareb tiene habitadas se completarían el 70% de las 50.000 prometidas por Sánchez.

Otro grupo de viviendas hasta completar las 47.000 que están en manos del banco malo no están en disponibilidad aun de ser comercializadas o bien por falta de adecuación o por motivos jurídicos.

La tercera pata en la que se está trabajando para aumentar las viviendas de uso social pasa por una iniciativa de colaboración público-privada con el nombre de ‘Proyecto Viena’. Consiste en ceder suelo de la Sareb a promotores privados para que sean estos los que construyan y gestionen durante un plazo determinado estas viviendas. Los pormenores técnicos y económicos del plan, encargados a Pwc, aun no están concretados aunque se espera que puedan conocerse el próximo mes de mayo.

Sí están identificados ya los 112 terrenos en los que se construirán 10.000 viviendas, cuyas primeras licitaciones licitaciones está previsto que comiencen a producirse este verano. Se distribuyen en 13 comunidades autónomas, entre las que destacan Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Extremadura.

La Sareb señala que hay suelos también en proceso para poder acoger otras 5.000 viviendas más de alquiler asequible y social. 

Una de las dificultades que puede encontrar esta iniciativa del Gobierno para mejorar el acceso de la población a la vivienda en alquiler es que la mayor parte de los inmuebles de la Sareb no se encuentran en las zonas donde la demanda es más alta y por lo tanto los precios son más elevados. En total, apenas 7.000 están situadas en las capitales de provincia, lo que representa el 15% de las viviendas en manos del banco malo. 

El pasado año la Sareb consiguió vender 27.000 unidades (entre inmuebles residenciales, suelo y terciario) de su cartera de desinversión. La mayor parte de las viviendas se vendieron a compradores minoristas (un 90% de ellos fueron personas físicas) con un precio medio de 97.000 euros.