El Gobierno ha cerrado con ERC y Bildu un acuerdo para sacar adelante la ley de vivienda, que previsiblemente será la última gran norma de la legislatura antes de las elecciones generales. El pacto, que ha supuesto varios meses de negociación, pasa por mantener el tope del 2% al alquiler durante 2023, elevarlo al 3% en 2024 y a partir de 2025 crear un nuevo cálculo. Como cada semana en 'MoneyTalks', Javier Ruiz analiza las claves de esta medida y su eficacia.

La Ley de Vivienda viene a regular los alquileres que se encuentren en áreas de mercado tensionado, ya sean propiedad de grandes tenedores (cuyo concepto pasa de diez a cinco viviendas) o de pequeños propietarios, pero esto a día de hoy es absolutamente inoperativo. Para que sea declarada tensionada una zona y poner topes al precio del alquiler, primero lo tiene que declarar el gobierno, después lo debe ratificar la autonomía y finalmente aplicarlo el ayuntamiento. La cantidad de consensos necesarios hace que en la práctica los topes al alquiler sean inaplicables.

El tope al precio del alquiler de viviendas al 2% ya está operativo desde el año pasado en España y sin embargo los precios se han incrementado un 7,9%. Es decir, no ha funcionado. Primero, porque muchos caseros no lo están respetando y segundo porque cada vez hay menos oferta de vivienda, y la que queda es cada vez más cara.

La solución al problema es más de largo plazo y pasa por construir más vivienda social y dedicarla alquiler. Cuando tienes mucha demanda la solución es tener mucha oferta. Solo así bajan los precios, lo demás es seguir parcheando una situación a corto plazo.

En los años 80, una de cada dos viviendas que se construían eran sociales, con precios tasados o control público, lo que posibilitaba que fueran muy accesibles. En sitios como Extremadura eran el 80%. Sin embargo, con el boom inmobiliario, muchas comunidades y ayuntamientos vieron la posibilidad de sacar más tajada, se cobraron más impuestos, se cobraba por recalificaciones y empezó a descuidarse la vivienda de protección oficial.

Tanto se ha descuidado esto que hemos pasamos de construir unas 114.000 viviendas sociales al año en la década de los 80 a las 6.600 anuales que se construyen en la actualidad. No hay oferta pública, y por lo tanto se juega a especular. El otro factor decisivo es el 'efecto Airbnb', la especulación en estado puro. Un turismo vacacional que se basa en el alquiler en cortos plazos y contribuye dramáticamente a disparar los precios. O esto se regula o nos mata. Para profundizar en otras reflexiones sobre el problema de la vivienda en España, dale al play.