La reforma del sistema de pensiones obligará a los sueldos más altos a aumentar sus cotizaciones para hacer más sostenible el sistema. La presión para los salarios más elevados también vendrán por el lado de la solidaridad al introducirse una cuota que alcanzará el 6% de la base de cotización cuyo principal destino es mejorar las pensiones mínimas y no contributivas.

Se establecen establecen varias medidas para elevar los ingresos del sistema, entre ellas el destope de las bases máximas, que subirán entre 2024 y 2050 el IPC anual más una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales. Esto implicará un aumento acumulado del 38% hasta 2050.

En paralelo al aumento de las bases máximas también subirá la pensión máxima, aunque no al mismo ritmo. Lo que se sabía hasta ahora es que el Gobierno había propuesto que la pensión máxima se revalorizara cada año del periodo 2025-2050 con el IPC anual más una subida adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050, lo que supondrá un alza aproximada del 3%.

Junto al progresivo destope de las cotizaciones máximas, se impone una cuota de solidaridad para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización. Esta cuota será del 1 % en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6 % en 2045.

También con la finalidad de elevar los ingresos del sistema para hacer frente al mayor gasto que implicarán las jubilaciones de los 'baby boomers', el Ejecutivo propone duplicar la sobrecotización asociada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Ésta, que actualmente es del 0,6%, subirá hasta el 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año, haciéndose cargo la empresa del 1% y el trabajador, del 0,2%. La reforma establece que desde el año 2030 hasta 2050 se mantendrá este mismo porcentaje del 1,2%, con igual distribución entre empresario y trabajador.

Esta sobrecotización es de carácter finalista y tiene por objetivo engordar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la 'hucha de las pensiones'. El Gobierno precisa en el borrador que esta sobrecuota no podrá ser objeto de bonificación, reducción, exención o deducción alguna, ni objeto de disminución por la aplicación de coeficientes correctores.

La disposición de los activos del Fondo de Reserva sólo puede destinarse, exclusivamente, a financiar las pensiones contributivas. El Ejecutivo precisa en el borrador que, desde 2033, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá para cada ejercicio el desembolso anual a efectuar por la 'hucha' en términos de porcentaje del PIB.