Justo el mismo día en que el INE confirmaba que el encarecimiento de la alimentación sigue sin tocar techo a pesar de las medidas y los pronósticos del Gobierno, el presidente de Mercadona corroboraba lo que ya habían notado los bolsillos de los consumidores. “Hemos subido una burrada los precios, tienen razón”, reconocía Juan Roig en la presentación de resultados anuales de la de la mayor empresa de distribución del sector.

La respuesta del empresario, que a continuación explicaba que no haber acometido esa subida habría “generado un desastre impresionante en toda la cadena de producción”, provocó intensas críticas, especialmente desde Unidas Podemos. "Además de meterte la mano en el bolsillo cada vez que vas a la compra, se mea en tu cara", opinaba en redes sociales el portavoz Pablo Echenique.

Las críticas de la formación morada, que lleva meses poniendo a Roig en el centro de la diana de sus reproches al sector empresarial, eran respondidas este miércoles por la ministra de Hacienda. María Jesús Montero aseguraba que el empresario había empleado un tono "desde la ironía" y que su comentario había sido “sacado de contexto”.

Pero lo cierto es que las palabras del dueño de Mercadona no eran una broma ni tenían la intención de insinuar lo contrario de lo que había dicho. Lo que Juan Roig aseguró es que esa “burrada” de subida de los es el resultado del buen funcionamiento del sector agroalimentario y del cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria.

El responsable de la empresa de distribución, que el pasado año aumentó su facturación un 11% y sus beneficios un 5,6% hasta los 718 millones de euros, explicó que la subida de los precios se llevó a cabo “porque hay que hacer la actividad sostenible para toda la cadena de montaje”.

Es decir, que los costes y la rentabilidad estén repartidos de forma equilibrada entre los productores, la industria y la distribución, tal y como obliga la ley de cadena alimentaria.  

El objetivo de esta norma es lograr que las relaciones comerciales entre esas tres partes sean más justas y transparentes. Fue reforzada a finales de 2021 después de que los agricultores y ganaderos llevaran a cabo importantes movilizaciones, semanas antes de la pandemia, para denunciar los bajos precios que recibían por sus productos, muchas veces por debajo de lo que les costaba producirlos.

Así, para lograr precios justos y proteger a todos los operadores, especialmente a los más débiles -los productores- la ley obliga a que cada eslabón de la cadena pague al inmediatamente anterior un precio igual o superior a lo que le ha costado producirlo. Y esos costes de producción, que son la base de negociación de los contratos entre las partes, se dispararon el pasado año por la crisis energética, los problemas en las cadenas de suministros y los efectos de la guerra en Ucrania.

El encarecimiento de la energía, de los carburantes, de los fertilizantes, de las semillas y de otras materias primas indispensables para el sector primario explican en gran medida el alza de los precios de la alimentación que se registró el pasado año.

Según datos de Eurostat, la inflación de los alimentos en origen fue del 25% el pasado año en España (como en la media de la Unión Europea). El aumento de los precios se fue conteniendo a lo largo de la cadena gracias, según los expertos, a que muchos comercios minoristas ajustaron sus márgenes y no repercutieron la totalidad de esas subidas.

El propio Juan Roig aseguraba este martes que sus costes se habían incrementado un 12% en 2022, mientras que la subida de sus productos para los clientes se había quedado en un 10%; y que el margen por euro facturado, defendía, era el mismo que el de año anterior:

Además, junto a los aumentos provocados por la guerra y la crisis energética, los productores han advertido de que el encarecimiento de los precios se debe también a aspectos como la sequía y los mayores costes laborales. Por eso, y porque el resto de insumos tampoco ha registrado aun importantes descensos (a excepción de la electricidad), en el sector no se cuenta con que la inflación de los alimentos se contraiga en el corto plazo.

Es más, muchos agricultores y ganaderos alertan contra una posible bajada de los precios que les obligue a volver a trabajar a pérdidas. Ya que por primera vez en años, dicen, están recibiendo por sus productos un precio justo y obteniendo rentabilidad económica de su actividad. 

En cualquier caso, el presidente de Mercadona confía, dice, en que los diferentes factores implicados en el sector agroalimentario permitan bajar los precios en 2023 manteniendo la sostenibilidad del resto de componentes. "Ese es el objetivo. A los tenderos nos gusta bajar los precios no subirlos".