La reciente reforma de las pensiones que ha llevado a cabo el gobierno ha provocado que el sueldo neto de los trabajadores se haya visto afectado en forma de una pequeña reducción. Para encontrar la razón de este descenso en el dinero que se recibe a fin de mes hay que fijarse en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Este mecanismo tiene como propósito “dotar al sistema de una herramienta complementaria y contingente que se active solo si es necesario”, explicaban desde Moncloa en el momento de su lanzamiento en 2021. Y añadían: “El mecanismo forma parte de un paquete amplio de medidas para reforzar la sostenibilidad del sistema y garantizar el poder adquisitivo de las pensiones”, constituyendo una constituye una medida de cierre que opera “como un colchón de seguridad adicional para el sistema”.

La puesta en marcha tanto del MEI como de otras medidas es asegurar el futuro de las pensiones y prepararse para los años en los que se jubile la generación nacida en el llamado baby boom (entre 1957 y 1977). Para entonces se prevé una enorme tensión para las arcas públicas y el sistema de pensiones, de manera que esta reforma tiene como objetivo poner las bases para que el impacto sea menor.

Hasta 2023, el porcentaje del MEI ha sido del 0,6 %, del cual un 0,1 % corresponde al sueldo neto del trabajador y el otro 0,5 % corre a cargo de la empresa que lo emplea. Sin embargo, en 2023 comienza una subida progresiva que se extenderá hasta 2029, año en el que el Mecanismo de Equidad Intergeneracional llegará hasta el 1,2 %, de los cuales el 0,2 % corresponde al trabajador y el 1 % restante a su empleador. 

Obviamente, con esta cotización adicional, el sueldo neto que recibe el empleado va a sufrir una variación a la baja, aunque en los próximos seis años el MEI solo aumentará progresivamente hasta un 0,1 % con respecto a la actualidad, hasta llegar al 0,2 % mencionado. La mayor carga será para las empresas, que en ese mismo espacio de tiempo incrementarán en medio punto su aportación.

De este modo, por ejemplo, en un salario de 1.500 euros mensuales, el trabajador deberá contribuir con 1,5 euros, mientras que su empleador lo hará con 13,5. 

Desde Bruselas se ha dado por buena la medida pero ha corregido al gobierno español en cuanto a los plazos. Y es que los planes iniciales pasaban por un periodo de diez años de vigencia. Sin embargo, desde Europa han considerado que no era suficiente y han situado el límite en 2050. A esto habrá que sumar un endurecimiento de las medidas a partir de 2025 en caso de que las medidas tomadas por el gobierno español no sean suficientes. Y es que de ello dependerá el buen estado de las pensiones cuando una parte importante de la población activa actual llegue a la edad de jubilación.