Se acelera la reforma de las pensiones. El Gobierno ha llegado a un acuerdo con Bruselas y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se lo ha presentado este viernes a los sindicatos y la patronal para consensuar las nuevas medidas. Los encuentro se repetirá las próximas semanas. La negociación de la reforma de las pensiones estaba parada a la espera del visto bueno comunitario, el acuerdo con Unidas Podemos y el diálogo con los agentes sociales.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha propuesto este viernes a los agentes sociales cambios en el periodo de cómputo de la pensión para que ésta se calcule o con los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización, de los que se podrán excluir los dos peores, por lo que en la práctica el cómputo en este segundo caso será de 27 años.

De esta forma, se permitirá elegir entre lo que ya hay (últimos 25 años de cotización) o utilizar un periodo de cómputo de 29 años, eliminando los dos peores años cotizados. Es decir, que el periodo de cálculo se mantendrá en 25 años si no resulta más beneficioso tomar un total de 27 años (29 años menos los dos peores).

Este régimen dual del periodo de cómputo estará vigente durante los próximos 20 años. La nueva opción que se introduce (29 años excluyendo dos) se desplegará progresivamente durante 12 años a partir de 2026, lo que beneficiará especialmente a los trabajadores con carreras irregulares, según han explicado a Europa Press en fuentes de la Seguridad Social.

Así, mediante este nuevo sistema, se ofrecerá al pensionista ambas posibilidades con la idea de aplicar lo que resulte más ventajoso para el trabajador que se jubile. El objetivo es que aquellos con carreras laborales más volátiles, por ejemplo despedidos al final de su vida laboral, no vean mermada su pensión por haber recibido menores ingresos en sus últimos años en activo.

Esta nueva propuesta, que cuenta con el aval de Bruselas y de Unidas Podemos, se distancia de la que el Ministerio presentó en el arranque de la negociación con los agentes sociales hace unos meses y que provocó el rechazo tanto de su socio de gobierno como de sindicatos y empresarios. Esa primera propuesta del Gobierno contemplaba ampliar el periodo de cálculo de la pensión desde los 25 años actuales a un total de 30 años, excluyendo los dos peores años de cotización.

Fuentes de la Vicepresidencia Segunda y Unidas Podemos han explicado este viernes que un tercio de la población se beneficiará del cómputo de 25 años, otro tercio de la fórmula 29-2, y otro tercio no se verá afectada por ningunas de las dos fórmulas. En su opinión, esta convivencia del sistema dual refuerza los derechos de todos los ciudadanos y al tiempo que beneficia a los jóvenes con carreras más erráticas y precarias.

El sistema dual de cómputo comenzaría a aplicarse en 2024 y se mantendrá hasta 2040, para empezar un periodo transitorio hasta 2044 para dejar un sistema que beneficie a los más jóvenes. Estas fuentes, que ven en la transformación del periodo de cómputo una oportunidad para mejorar el sistema de pensiones, admiten que el cambio supone "cierto coste" para el sistema.

Si bien las estimaciones de la Seguridad Social eran que la reforma tuviera un impacto neutro, esto solo sería así si el cambio del periodo de cómputo de 25 años a 29-2 se hiciera "mañana", pero al prolongarlo dos décadas se incluye ese "cierto coste". A la hora de la jubilación de los cotizantes, será la Administración la que decidirá de oficio y proporcionará a los futuros pensionistas la prestación de mayor ingresos, como apuntan estas fuentes.

Con el objetivo de mejorar los ingresos del sistema, la propuesta del Gobierno plantea una "cuota de solidaridad" para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización. Ésta será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045. Esta solo se aplicará a salarios superiores a 53.946 euros en 2023, la base máxima de cotización hoy en España, como apuntan las fuentes de la Vicepresidencia Segunda y Unidas Podemos.

También han recalcado que es "una aportación neta al sistema" y no un mecanismo de destope, por lo que no conlleva una contraprestación ni genera derechos. Por tanto, su carácter no es contributivo sino solidario, para fomentar la mejora de la solidaridad del sistema. Del mismo modo, han insistido en que no supondrá un mayor gasto para la Seguridad Social, puesto que se trata de una aportación de las empresas con los salarios más altos para financiar el sistema.

Al mismo tiempo, también con la finalidad de elevar los ingresos del sistema para hacer frente al mayor gasto que implicarán las jubilaciones de los 'baby boomers', el Ejecutivo propone duplicar la sobrecotización asociada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Ésta, que actualmente es del 0,6%, subirá hasta el 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año. De esta forma, el reparto de esa aportación recaerá en un 83,4% sobre la empresa y en el 16,6% en el trabajador.

Otra de las patas que el Gobierno propone para elevar los ingresos del sistema es la subida de las bases máximas, que se hará entre 2024 y 2050 sumándole a la cuantía anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales. Por su parte, las pensiones máximas se revalorizarán año a año con el IPC anual más un incremento adicional de 0,0115 porcentuales acumulativos cada año hasta 2050. A partir de 2050 y hasta 2065 habrá incrementos adicionales.

El texto del Gobierno plantea también una mejora de las pensiones mínimas, tal y como demandaban los sindicatos. Lo que se propone es algo similar a lo que se ha hecho con el salario mínimo interprofesional (SMI): establecer una senda de convergencia de las pensiones mínimas contributivas para asegurar que alcancen el 60% de la renta mediana, tomando como referencia la evolución de la pensión mínima con cónyuge a cargo, que alcanzaría entre 2024 y 2027 el 60% de la renta mediana correspondiente a un hogar de dos adultos.

Para las pensiones no contributivas se establece un proceso similar: crecerán hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal, según consta en los planteamientos del Gobierno.

En su propuesta, el Ejecutivo mantiene el modelo actual de cobertura de lagunas, pero con mejoras para las mujeres. Así, los vacíos de cotización se compensarán con el 100% de la base mínima los primeros 48 meses (4 años), y con el 50% de la base mínima a partir del mes 49, añadiendo para las mujeres asalariadas el 100% de la base mínima entre el mes de vacío 49 y el 60 (hasta el quinto año) y el 80% de la base mínima entre el mes 61 y el 84 (del quinto al séptimo año).

Asimismo, el Gobierno propone que el complemento de brecha de género de las pensiones se incremente un 10% adicional a su revalorización anual en el bienio 2024-2025.

Desde la vicepresidencia segunda y Unidas Podemos han asegurado que el objetivo es llevar la segunda pata de la reforma ante el Pacto de Toledo, aunque los ritmos "dependerán del ministro" José Luis Escrivá.

Además, se espera que entre en vigor a través de un Real Decreto-Ley, con aplicación a partir de 2024. No obstante, otras medidas se desplegarán en 2025 y 2026. La reforma estará completamente aplicada en 2045 y 2050, según el caso.

Para 2050, se espera que la reforma total del sistema de pensiones, tanto la primera como la segunda pata, ingrese casi 3 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) a la Seguridad Social, de manera que se garantizará la sostenibilidad de las pensiones en el pico de la jubilación del 'baby boom', según fuentes de la Vicepresidencia Segunda y Unidas Podemos.

La patronal ha mostrado este viernes su "frontal oposición" a la reforma del sistema de pensiones que el Gobierno ha presentado a los agentes sociales, al considerarla "regresiva" y "populista". En un comunicado conjunto de CEOE, Cepyme y ATA, la patronal carga contra una reforma que mermará los salarios e incrementará los costes laborales, lo que afectará al empleo al tiempo que "pone en serio riesgo a las pequeñas empresas y autónomos".

Para la patronal, esta reforma hace recaer en los trabajadores y empresas "una subida generalizada de cotizaciones" que pondrá en riesgo la creación de empleo y en "serio peligro" a pymes y autónomos, que tienen menor "músculo financiero" para hacer frente a costes crecientes. Además, considera "regresiva" la medida porque "implica más años de trabajo, más esfuerzo contributivo y menos pensión", lo que abunda en la "voracidad recaudatoria del Gobierno", que además "socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales, ya que los trabajadores, con mayor carga por el lado de sus cotizaciones, verán absorbidos parte de los incrementos en su retribución".

La patronal ha afeado además que el Gobierno haya presentado la reforma "sin el necesario debate y diálogo social" y sin pasar por el Pacto de Toledo, lo que a su juicio supone "una cesión de soberanía sin precedentes" a Europa. De hecho, apunta, no se les había facilitado la propuesta antes de la reunión de este viernes que sí ha "visto reflejada hoy en los medios de comunicación".