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Al contrario que otras prestaciones, para solicitar una incapacidad laboral permanente a la Seguridad Social, además de cumplir con una serie de requisitos, se debe superar un proceso concreto que, a veces, puede alargarse demasiado.
Un procedimiento a partir del cual se decide si finalmente se concede o no dicha pensión contributiva, que tiene como objetivo tratar de cubrir la pérdida de ingresos que sufre un trabajador que, debido a una enfermedad o accidente, no puede seguir ejerciendo sus responsabilidades laborales.
Asimismo, de ser así, también se define el grado de discapacidad que le corresponde al solicitante, la cual puede ser de cinco tipos diferentes.
Tal y como indican desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) cada uno de los grados en los que se clasifica la incapacidad permanente, va a dar derecho a percibir la correspondiente prestación económica, que varía en función de cada una.
El tribunal médico, el cual está dirigido por el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), es el que se encarga de evaluar y revisar todas las solicitudes de prestaciones por incapacidad laboral.
En esta parte del procedimiento, que tiene la finalidad de garantizar que dicha pensión la perciban únicamente aquellos que realmente lo necesiten, el posible beneficiario debe presentar el informe médico, pasar una prueba o evaluación física y también una entrevista personal, donde se le pregunta sobre la patología en concreto y el estado de salud actual.
A partir de esta ‘prueba’, los miembros del tribunal emiten un dictamen a la dirección provincial de la Seguridad Social, quienes finalmente dictan la resolución que aprueba y establece el grado de incapacidad y la cuantía de la subvención económica a percibir.