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La carestía de los alimentos por la crisis energética, las malas cosechas, la sequía y la invasión de Ucrania muy probablemente no ha terminado de dar la cara. Precisamente por este motivo, porque se da por sentado que vamos a estar bastante más tiempo hablando de una cesta de la compra por las nubes, los políticos tratan de ofrecer soluciones para contrarrestar el malestar de la población en un año electoral.
Unidas Podemos ha planteado una nueva medida para frenar este ascenso: bonificar un 14% el precio de los productos de la cesta básica de la compra, de forma similar a como se hizo con la gasolina y el diésel. "Pensamos que la bonificación es más aceptable para el PSOE, al ser parecido al modelo de los carburantes", defendía Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y líder de la formación morada
La medida, según cálculos se sus impulsores, tendría un coste para las arcas públicas de 2.300 millones al semestre. Es decir, 4.600 millones si se mantuviera durante un año. Por comparar, prorrogar un año más la subvención a los carburantes ascendía a casi 6.800 millones al año. Era de lejos la medida más cara de las que había puesto en marcha el Ejecutivo para hacer frente a la fuerte subida de la inflación.
La rebaja del IVA que entró en vigor el 1 de enero supone mucho menos dinero: 660 millones, según estimaciones del Ministerio de Hacienda.
La propuesta de Podemos para bonificar un 14% la cesta básica de la compra, que iría acompañada de un control semanal de los precios de los supermercados, llega después de que sus socios en el Gobierno rechazaran un planteamiento anterior: imponer un tope a los precios de los alimentos que les situara en el nivel en el que estaban antes de la invasión rusa de Ucrania. Es más, desde la formación siguen defendiendo que esta medida sería la más eficaz y barata.
Pero ninguna de las dos propuestas gusta al partido socialista. Sobre la bonificación, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho que es una medida bienintencionada, pero ha asegurado que un Gobierno "responsable" debe analizar las propuestas con "realismo", "seriedad" y ver si tienen "efectos colaterales que no sean deseables". La responsable de Hacienda, María Jesús Montero, la tachaba, directamente, de "inviable".
"El Gobierno está empeñado en que los ciudadanos tengan alimentos más asequibles", aseguraba el ministro de Agricultura en el Programa de AR este jueves. "El problema de fondo es que tenemos que ver qué márgenes de maniobra tenemos y sinceramente tampoco son muy grandes", explicaba Luis Planas, rechazando la bonificación impulsada por Podemos. Tampoco Más País apoya la propuesta, al considerar que acabará beneficiando a los más ricos y no conseguirá que los precios dejen de subir.
A pesar de la declarada preocupación por la evolución de los precios, el Ejecutivo defiende que la bajada del IVA de los alimentos básicos, puesta en marcha desde principios de año, ha empezado a frenar "la espiral de subida". Los datos del IPC, que muestran un descenso de tres décimas en enero frente a diciembre (15,4%), señalan que de no ser por esa bajada de impuestos, la inflación de la alimentación habría seguido creciendo con fuerza.
La rebaja fiscal, en cambio, no está suponiendo una "actuación suficiente" para la vicepresidenta segunda, que hace ya cinco meses propuso acordar una cesta básica de productos "de calidad" a precios asequibles con las grandes distribuidoras. Yolanda Díaz recuperaba este jueves este planteamiento de llegar a acuerdos con las empresas, que están registrando, decía, unos márgenes "excesivos" y "más que relevantes".
La cadena de los precios en el sector de la alimentación tiene sus propias dinámicas. En la industria manufacturera relacionada con los alimentos los precios siguen subiendo. En el caso del aceite y productos lácteos la tendencia se ha acelerado. Este suele ser un indicador adelantado de lo que ocurrirá meses más tarde en el precio final que paga el consumidor en la tienda.
"El proceso de formación de precios en la cadena alimentaria no es la misma que en los productos energéticos. Ahí vemos subidas y bajadas más bruscas. En los alimentos tardaron más en subir y tardarán más en bajar. Hace falta paciencia", decía Planas.
No obstante, los datos apuntan a que buena parte de las subidas de los costes de producción del pasado año se contuvieron a lo largo de la cadena. Mientras los precios de los productos agrícolas en origen crecieron un 25% en España en 2022, según datos de Eurostat, el aumento que afrontaron los consumidores alcanzó el 15,7%. La diferencia se debe, según fuentes del sector, a que los comercios minoristas habrían optado por no trasladar a los precios la totalidad de las subidas que se habían producido en el campo.
Precisamente, para evaluar el comportamiento de los precios de los alimentos desde su lugar de producción hasta que llegan a la tienda, el ministro de Agricultura se reunirá el próximo lunes con el Observatorio de la Cadena Alimentaria.
Este órgano, con representación de las administraciones y de los profesionales del sector, se encarga de vigilar que haya un correcto equilibrio en todos los eslabones del proceso (producción, transformación y distribución…) para garantizar que existe transparencia, una competencia justa, eficiencia en el proceso de comercialización, y para detectar si se producen problemas en las cotizaciones de los productos a lo largo de la cadena.
"Vamos a analizar cómo entre todos hacemos un esfuerzo. Así se lo voy a pedir a todos los integrantes de la cadena para que podamos tener alimentos a precios razonables, porque estamos en niveles altos", avanzaba Luis Planas.
De momento, la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) ha señalado que la “acertada” bajada del IVA "está empezando a surtir efecto" y las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA han reclamado que se incluya a la carne entre los productos con esa rebaja fiscal. Una petición que ya ha sido rechazada por el Gobierno por considerar que las medidas más eficaces para contener el aumento de los precios son las que ya se están aplicando.