El retraso en la reforma de las pensiones no condicionará el desembolso de ayudas europeas de abril
El cumplimiento de este hito se analizará de cara a la entrega de fondos en la segunda mitad del año
El Gobierno asegura que se alcanzará un acuerdo sobre la última pata de la reforma de las pensiones
En el calendario estaba previsto que el aumento del cómputo de años para calcular la pensión quedaría aprobado antes del 31 de diciembre de 2022
La reforma de las pensiones prometida a Bruselas a cambio de los fondos europeos ha ido llegando troceada, por eso de no atragantarse con un tema tan peliagudo. Sin embargo, la última parte de los cambios está resultando más difícil de lo previsto y ya estamos fuera de plazo. Todo tenía que haber quedado cerrado antes del 31 de diciembre y todavía no hay fecha para subsanar el retraso. Sin embargo, este incumplimiento no condicionará el próximo desembolso de fondos europeos: 6.000 millones de euros previstos para el mes de abril. Las pensiones no entrarán dentro del análisis que realizará Bruselas para autorizar este tercer pago.
"La reforma de las pensiones será abordada y valorada más adelante en la segunda mitad del año", explicaba Nadia Calviño este lunes antes de participar en la reunión de ministros de economía del euro. "Estoy convencida de que vamos a llegar a un acuerdo". La Comisión se mostraba también confiada en este cumplimiento que se evaluará cuando España solicite el cuarto pago de las ayudas en algún momento del primer semestre de este año. En juego 10.000 millones de euros más. "Hablaremos de pensiones en la primavera o el verano. Esta reforma está relacionada con el cuarto desembolso y ahora estamos analizando el tercero", explicaba el comisario europeo de economía, el italiano Paolo Gentiloni.
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Nuestro país sigue siendo el alumno más rápido en solicitar los fondos, recordaba Gentiloni. Hemos sido los primeros en pedir el tercer desembolso --los 6.000 millones que, si todo sale bien, se transferirán en abril--. Aunque el tema de las pensiones esté fuera de plazo hay margen para evitar retrasos o una penalización. Pero si ya era complicado el acuerdo antes, ahora lo es más al coincidir con un año electoral.
Quedan pendientes dos cambios:
- Aumento de años para calcular la pensión. Ahora son los últimos 25 años de trabajo, pero el Gobierno ha propuesto que sean 30 años para "adecuarse a la realidad de las nuevas carreras profesionales". Insisten en que no se traducirá en menores pensiones, pero ni sindicatos ni patronal se fían mucho de esas estimaciones.
- Subida de las bases máximas de cotización. Cobrar a partir de 50.000 euros anuales no implica pagar más cotizaciones sociales. Ese límite se quiere ir moviendo hacia arriba y acompasar también la cantidad de pensión máxima que se puede cobrar.
El primer punto no cuenta con el apoyo de sindicatos ni del socio del Gobierno de coalición, Unidas Podemos. El segundo se encuentra con el rechazo de los empresarios --que pagan la mayor parte de las cotizaciones sociales--. "El ministro de Inclusión y Seguridad Social trabaja intensamente con los grupos políticos y los agentes sociales", sostenía Calviño. Esta vez el Gobierno está negociando con todas las partes a la vez y eso complica los ajustes, dicen. La reforma laboral fue la constatación de que cerrar un pacto con sindicatos y patronal no era garantía de validación en el Parlamento: los cambios se aprobaron por un voto de diferencia y porque se equivocó un diputado del PP. Ahora se trata de dejarlo todo amarrado para evitar sorpresas de última hora.
Bruselas quiere ver la foto completa
El componente 30 del Plan de Recuperación de España --los compromisos de reformas e inversiones a cambio de los fondos europeos-- se centra en uno de los puntos sobre los que la Comisión Europea lleva años alertando: la sostenibilidad de las pensiones en nuestro país. Europa no se pronunciará sobre la reforma de las pensiones hasta que no vea la foto completa de todo lo que ha aprobado el Gobierno al respecto y se cerciore de que se cumple ese objetivo.
"La Comisión evaluará el cumplimiento satisfactorio de los hitos relacionados con el Componente 30, incluida la sostenibilidad fiscal a largo plazo de las reformas de las pensiones emprendidas en 2021 y 2022, una vez presentada la cuarta solicitud de pago", respondía el comisario Gentiloni a una eurodiputada de Ciudadanos el pasado mes de noviembre, informa Idafe Martín desde Bruselas.
El Gobierno tiene pues un doble reto:
- Conseguir sacar adelante los dos últimos cambios para poder solicitar el cuarto pago de los fondos. Y esto ya hemos visto que no será fácil.
- Convencer a Bruselas de que todo lo que se ha hecho garantiza la sostenibilidad de las pensiones. La Comisión hace meses que plantea sus dudas.
Nuestro país se enfrenta al reto de la jubilación de la generación del baby boom. Durante 20 años el sistema va a estar sometido a mucha presión: muchos nuevos pensionistas de golpe. (La revalorización de las pensiones con el IPC --otra de las reformas aprobadas-- añade más carga a las cuentas públicas: el 60% del aumento del presupuesto de 2023 va a las pensiones).
Para encarar el desafío el Gobierno aprobó sin el apoyo de los empresarios una especie de derrama llamada MEI --Mecanismo de Equidad Intergeneracional--. Desde este mes de enero empresas y trabajadores pagan un 0,6% más de cotizaciones sociales para ir llenando de nuevo la llamada 'hucha de las pensiones'. La idea: que haya un fondo del que tirar cuando lleguen las oleadas de jubilados del baby boom.
Bruselas duda de que esto sea suficiente. El Gobierno argumenta que el mecanismo se irá revisando y ajustando si se detecta que es insuficiente. Llevan meses hablando sobre este tema y habrá que ver quién termina convenciendo a quién. En el ministerio de Seguridad Social no estaban cerrados a la posibilidad de tener que terminar aceptando ajustes en su mecanismo si Bruselas no daba su brazo a torcer. Llegado el caso, tampoco resultará sencillo sacar adelante esa modificiación en el parlamento con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina a finales de 2023.