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A apenas un mes de que acabe el año, el Gobierno negocia a contrarreloj las dos patas que quedan pendientes de la reforma del sistema de pensiones: la que busca adecuar el cálculo para la pensión de jubilación a “las nuevas carreras profesionales” y la que pretende adecuar la base máxima de cotización del sistema.
La urgencia se explica porque el Ejecutivo se comprometió con Bruselas a tener culminados todos los hitos incluidos en el Componente 30 del Plan de Recuperación antes del 31 de diciembre. Pero, de momento, no parece que las negociaciones vayan a ser sencillas, porque su primera propuesta de alargar hasta los 30 años el periodo de cómputo con el que se calculan las pensiones no ha sido muy bien recibida por los agentes sociales.
El Ministerio de Seguridad Social entregaba este lunes a los sindicatos y a los representantes empresariales una propuesta inicial que consiste en extender de forma “moderada” y “progresiva” el periodo de cómputo de la pensión.
Supondría elegir los mejores 28 años de 30 años (es decir, se permitirá descartar las peores 24 mensualidades),
El departamento liderado por José Luis Escrivá señala que en los cambios se incluirán mejoras para tratar las lagunas de cotización para las mujeres, y también para los varones cuya carrera de cotización se haya visto reducida tras tener un hijo. Además, se crea un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.
En la actualidad el cálculo de las pensiones de jubilación se realiza computando los últimos 25 años cotizados. Precisamente en 2022 ha culminado la reforma que se aprobó en 2011, en el contexto de la crisis económica, por la que el periodo se ampliaba de forma progresiva de los 15 últimos años a los 25.
Una de las críticas de los sindicatos a la propuesta se refiere a que aún no se ha analizado suficientemente qué efectos ha tenido la ampliación anterior.
Pero el Banco de España sí ha realizado un análisis con las altas de jubilación de 2019 y concluye que esa extensión de los 15 últimos años a los 25 actuales, supone una caída de la pensión inicial media del 5%. Estima, además, que una ampliación desde 25 hasta 35 años produciría una reducción adicional del 8,2%, aunque Escrivá ya ha descartado que se aumente hasta ese periodo.
De forma tradicional, se asume que cuanto más avanza la vida laboral del trabajador, más elevado es su salario y por lo tanto, su cotización al sistema. Por eso restringir el cálculo de la pensión a esos últimos años que, en teoría, son los mejores términos salariales, es beneficioso para el pensionista.
Pero desde el Ministerio han señalado en numerosas ocasiones la necesidad de adaptar el sistema de pensiones a nuevas carreras laborales, en las que el trabajador puede permanecer un tiempo en situaciones de desempleo, ERTE o parcialidad, o en las que existen lagunas en sus periodos de cotización. Eso es lo persigue esta reforma.
"Si hay pocas excepciones a esa generalidad de que los últimos años son los de mejores salarios, ampliar el periodo de cómputo hace perder a casi todo el mundo", explica José Antonio Herce, economista experto en pensiones y socio fundador de la consultora LoRIS. Pero añade que la medida también dejará ganadores. "Si en los últimos años has tenido ingresos más bajos y extendiendo el periodo de cómputo a 30 o 35 años avanzas hacia arriba en la curva de salarios, vas a salir beneficiado".
El experto señala que, en general, cuanto mayor sea el periodo de cómputo más perdedores habrá. Pero, para corregir ese efecto se ha introducido la posibilidad de elegir los mejores años de cotización. “Cuanto más se deje elegir, menos personas pierden. Si se deja elegir los mejores años, esos potenciales perdedores por la ampliación terminan por no resultar perjudicados”, añade.
El ejemplo lo pone el Banco de España en su análisis sobre el impacto de variar los periodos de cálculo: “Tomar en consideración los 29 años más favorables dentro de los 35 años previos a la jubilación arrojaría una pensión media aproximadamente equivalente a la resultante de tomar en cuenta los 25 años anteriores a la jubilación”, concluye el regulador.
Y señala que con este enfoque las diferencias entre grupos de pensionistas en cuanto a la cuantía de las prestaciones serían ligeramente menores que si la base se calculara a partir de los 25 años previos a la jubilación.
El Gobierno ha trasladado a los agentes sociales que esta medida tendrá un efecto “neutro” en el sistema de pensiones; es decir, que no tendrá un impacto ni positivo ni negativo en su sostenibilidad.
“Es posible que esa cifra elegida por el Ejecutivo, la de los 28 mejores años de 30 cotizados, permita que se compensen los perdedores por la ampliación del periodo con los que resulten beneficiados. Puede acabar siendo lo comido por lo servido para el sistema. Lo que se gana por un lado, que es que mucha gente reduzca su pensión, se compensa con el hecho de dejar elegir, con lo que incluso hay gente que sale mejor parada. Es decir, el efecto va a ser redistributivo, no de sostenibilidad”, opina Herce.
El último aspecto que tiene que ser reformado este año tiene que ver con la base máxima de cotización y con las pensiones máximas.
Tal y como ya anunció el ministro Escrivá el pasado mes de octubre, se ha propuesto a sindicatos y empresarios que la base máxima de cotización (el salario máximo al que se aplican los tipos de cotizaciones que pagan a la Seguridad Social trabajadores y empresarios) se revalorice todos los años con el mismo criterio que las pensiones, es decir, vinculándolas al IPC, que este año se situará en el entorno del 8,5%.
Además, se propone incluir un incremento adicional anual de 1,154 puntos durante 25 años, entre 2025 y 2050, para mejorar la sostenibilidad del sistema.
Este año la base máxima de cotización se ha situado en los 4.139 euros al mes (algo menos de 50.000 euros anuales). El aumento previsto por el Ejecutivo para el año que viene, el más elevado en una década, implicará que la base máxima alcance el entorno de los 4.495 euros (54.000 euros al año) y que se incremente en cerca de 600 millones la recaudación.
Este aumento de la base máxima irá acompañado también de un incremento de la pensión máxima, aunque en el Ministerio de Seguridad Social ya ha avanzado que no será ni en la misma proporción ni al mismo tiempo.