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No es fácil hacer frente a un tsunami. Esa parece ser la sensación entre las empresas energéticas que desde hace semanas reciben miles de llamadas cada día de consumidores que quieren cambiarse a la tarifa regulada del gas natural. La Tarifa de Último Recurso (TUR), que hasta hace solo unos meses era la elegida por 1,5 millones de clientes -menos del 20% del total- se ha convertido ahora en la opción más deseada ya es hasta tres veces más barata que las que se ofrecen en el mercado libre.
Los precios tan competitivos de la TUR, que por ley solo pueden comercializar cuatro empresas, se deben a que esta tarifa permanece topada desde el pasado año para frenar el impacto de la subida del gas en los mercados internacionales. El Gobierno se ha comprometido a mantener este tope hasta el final de 2023 y a subvencionar desde ahora el déficit que se genere con esta medida a cargo de los presupuestos generales del Estado, para lo que empleará un paquete de 3.000 millones de euros (parte de ellos se destinarán también a subvencionar la nueva tarifa de los clientes de calefacción central).
Esta decisión del Ejecutivo ha provocado un completo vuelco en el mercado minorista del gas, en el que hasta ahora apenas se producían 65.000 cambios al año del mercado libre a la tarifa regulada-. Ahora, en menos de dos meses, unos 250.000 usuarios habían formalizado ya ese paso, según fuentes del sector. Las quejas recurrentes por las dificultades para tramitar este traspaso en medio de la avalancha de solicitudes han provocado la apertura de una investigación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Ejecutivo.
A pesar de que desde el sector se asegura que se han incrementado los recursos técnicos y humanos para gestionar los miles de peticiones, advierten de que será imposible tramitar los cambios de tarifa de millones de consumidores (algo menos de 6,5 millones permanecen el mercado libre) a tiempo de que estos puedan beneficiarse de las rebajas durante los meses de frio, cuando más gas se consume. Estiman que ni multiplicando por 100 los medios disponibles por las cuatro comercializadoras se lograría facilitar el cambio de todos los usuarios a la TUR antes de un año.
Las cuatro compañías energéticas que por ley ofrecen la TUR (las comercializadoras reguladas de Naturgy, Iberdorla, Endesa y TotalEnergies) han advertido de que no podrán absorber por sí solas la enorme demanda de traspasos y han reclamado al Gobierno que impulse medidas que ayuden a desatacar los cuellos de botella provocados por la decisión de subvencionar esta tarifa.
Entre las posibles iniciativas podría estar la de hacer más sencillos los trámites para pasar del mercado libre al regulado o la de ampliar a todas las comercializadoras de gas la posibilidad de ofertar la TUR.
Desde la asociación de empresas gasistas Sedigas recuerdan que la mayoría de as comercializadoras que operan en el mercado libre no pueden ofrecer esta tarifa de último recurso y que esta situación podría poner en riesgo la actividad empresarial de buena parte de ellas. Además, alertan de que generaría el efecto indeseado de limitar de forma irreversible la competencia, aunque se haya planteado la subvención como una solución transitoria hasta finales de 2023.
Por todo ello, el sector está ya en conversaciones con el Ministerio de Transición Ecológica para abordar posibles respuestas a los atascos generados en los procesos de cambio y en el malestar de los consumidores por la situación. Respuestas, señalan desde Sedigas, que deben servir para agilizar y automatizar el proceso de cambio para todo aquel que lo solicite.
La TUR es una tarifa cuyos precios están regulados oficialmente, como la del PVPC en el mercado eléctrico. El Gobierno los actualiza de forma trimestral y se publican en el Boletín Oficial del Estado. Su subida está limitada desde septiembre de 2021 para mitigar el impacto de la escalada de los precios del gas en los hogares y las pymes.
Está compuesta por dos términos: uno fijo, que depende de la tarifa contratada, y uno variable cuyo precio se aplica a la energía consumida. Los precios que están ahora en vigor se aplican desde el 1 de octubre al 31 de diciembre.
Pueden beneficiarse de estas tarifas los consumos anuales que llegan hasta los 50.000 kilovatios por hora.
Según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a finales del primer semestre, Naturgy, a través de Comercializadora Regulada Gas & Power, contaba con el 75% de los 1,5 millones de clientes con tarifa de último recurso. Por detrás, Energía XXI (Grupo Endesa), contaba con un 15%; mientras que Curenergía (Grupo Iberdrola) y Baser Cor (Grupo TotalEnergies) representaban cada una a un 5% de los consumidores en la TUR.