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El tan esperado pacto entre el Gobierno y la banca para ayudar a los hipotecados golpeados por la subida del euríbor ha salido finalmente adelante sin una clara escenificación de acuerdo entre las partes. El Ejecutivo, que anunció las medidas con un mensaje al borde de la medianoche del martes reconociendo que quedaban detalles por consensuar, ha defendido la negociación “intensa y constructiva” que se ha realizado en los dos últimos meses con las entidades financieras, patronales del sector, asociaciones y el Banco de España.
El principal escollo en las conversaciones en este tiempo ha sido la delimitación de los consumidores a los que iba a aplicarse. Las entidades querían restringir el paquete de medidas a los familias más vulnerables, para evitar un fuerte aumento de las provisiones. El Gobierno, que finalmente ha impuesto su visión, apostaba por ampliar las ayudas a la clase media que haya entrado en riesgo de vulnerabilidad por el fuerte incremento de los tipos de interés.
Tras la aprobación en el Consejo de Ministros, la responsable económica, invitaba a las entidades con negocio hipotecario a adherirse de forma voluntaria en el plazo máximo de un mes a los dos Códigos de Buenas Prácticas con los que se articularan las medidas para reducir la carga financiera de un millón de familias.
“Estos Códigos tendrán que ser suscritos por parte de las entidades. Hemos previsto el plazo de un mes para que las que así lo decidan se sumen con el objetivo de que las nuevas medidas estén vigentes el 1 de enero de 2023. Espero que todas lo suscriban, porque creo que es el momento de arrimar el hombro y de aliviar la situación de las familias de clase media que se pueden ver impactadas por la subida de las hipotecas”, aseguraba Nadia Calviño.
El plan para afrontar el encarecimiento de las hipotecas, que incluye la posibilidad de alargar los plazos de los préstamos, pedir periodos de carencia o congelar los pagos, no ha recibido críticas por parte del sector financiero, pero tampoco, públicas adhesiones incondicionales.
El Gobierno ha adelantado que ya ha habido “declaraciones de intención muy claras” para sumarse al acuerdo por parte de alguna entidad y se ha referido de forma específica a Caixabank, de la que el Estado controla el 16% a través del FROB. Pero su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, se limitaba a señalar escuetamente, durante la celebración del XXIX Encuentro del Sector Financiero, que su entidad tiene "naturalmente" la intención de ayudar a los más vulnerables.
En ese mismo acto el responsable del BBVA, Onur Genç, evitaba comentar el acuerdo sobre el que solo reconocía estar “trabajando”. Aun así, la entidad enviaba después una nota en la que señalaba, sin hacer referencia a las medidas del Gobierno, que el banco seguirá “contribuyendo para ayudar a sus clientes y a la sociedad en general”.
Y mientras los consejeros delegados del Sabadell y de Unicaja afirmaban su intención de adherirse al acuerdo para aliviar a los hipotecados a tipo variable, desde Santander se advertía de que aún hay importantes cuestiones técnicas sobre la mesa para sacar adelante el plan de ayudas.
Su máximo directivo, José Antonio Álvarez, adelantaba que a pesar de que la idea de la entidad era sumarse al pacto, no se firmaría si no se ve un mercado hipotecario "sano y sólido" en el futuro, alertando de que algunas medidas impactarán sobre las provisiones que realiza el sector.
En el mismo sentido, desde la Asociación Española de Banca (AEB), su presidenta, Alejandra Kindelán, insistía en que el acuerdo tiene que encajar dentro de un marco regulatorio y de supervisión y preservar "las bondades y fortalezas" del mercado hipotecario.
Pero las críticas más intensas al plan para los hipotecados presentado por Calviño han llegado desde el seno del propio Gobierno, a través de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo que no ha dudado en asegurar que el paquete de medidas es “sustancialmente mejorable”. Aunque Yolanda Díaz reconocía que cualquier avance en la protección de las familias es “positivo”, remarcaba que el acuerdo no servirá para repartir "las cargas de la crisis" y acusaba a las entidades financieras de falta de compromiso y sacrificio con el país.
"Los beneficios estimados de las entidades financieras por el incremento del euríbor ascienden a 8.000 millones de euros, ergo, se están beneficiando como nunca de la subida de los tipos de interés", reflexionaba Yolanda Díaz.
Esas mismas críticas, que habían sido expresadas por el diputado de Podemos, Pablo Echenique, eran respondidas de forma tajante por la responsable económica del Ejecutivo. “Los acuerdos adoptados lo son de todo el Consejos de Ministros”, zanjaba Calviño defendiendo el buen funcionamiento de códigos de buenas prácticas frente a medidas de carácter obligatorio, y el plan “que refuerza y amplia los ámbitos de actuación tanto para las clases medias en riesgo de vulnerabilidad como a los colectivos más vulnerables”. Por su cumplimiento, una vez sea firmado por las entidades, ha señalado, velará la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuya creación ha sido también aprobada el martes por el Ejecutivo.