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La bonificación de 20 céntimos por litro de combustible para todos los consumidores fue la medida estrella del primer plan del Gobierno para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Ucrania. Es en la que más dinero público se ha empleado (4.531 millones de euros este año, según cálculos de la AIReF) y es la que más críticas ha recibido de diferentes organismos económicos.
El Gobierno tiene que decidir en las próximas semanas si mantiene esta ayuda el año que viene y en caso de que sea así, si lo hace en las actuales condiciones o introduce cambios.
Varios miembros del Ejecutivo ya han dejado claro en los últimos días que se inclinan por focalizarla en "quienes más lo necesitan". La última en pronunciarse, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, señalaba este miércoles que sería “deseable” que la subvención se restringiera al "ámbito profesional y a determinados colectivos".
Cuando el Gobierno puso en marcha esta medida el pasado mes de abril, en medio de una fuerte subida del precio de los carburantes, la responsable de Hacienda explicó que se aplicaría de forma generalizada porque era muy complicado técnicamente limitarla a los más vulnerables. A pesar de que otra ministra, Teresa Ribera, se ha mostrado siempre partidaria de hacerla más selectiva, la subvención de los combustibles fósiles se ha mantenido con el mismo diseño en las sucesivas prórrogas y se ha extendido a todos los consumidores alegando las mismas dificultades fiscales.
Una muestra de esta complejidad para identificar y hacer llegar las ayudas a los colectivos más vulnerables se ha manifestado también en la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, que hasta el pasado mes de octubre ha conseguido llegar a 1,4 millones de beneficiarios. Esto es casi un millón menos de las previsiones del Gobierno cuando lo puso en marcha en junio de 2020.
“El mismo problema que había en marzo para focalizar las ayudas sigue existiendo ahora. No todos los individuos tienen la obligación de hacer la declaración de la renta y por tanto el Estado realmente no conoce directamente sus niveles de renta”, explica Juan Luis Jiménez, profesor titular de Economía de la universidad de las Palmas de Gran Canaria y muy crítico con la bonificación de los carburantes.
“Los combustibles no deberían ser subvencionados. Como consecuencia de la medida emitimos más CO2, aumentamos los márgenes de beneficios de las petroleras, no damos incentivos para que los individuos dejemos de consumir combustibles, independientemente del nivel de renta de cada uno, y se favorece en mayor medida a quienes menos lo necesita”, resume Jiménez.
Este experto opina que lo más adecuado para ayudar a las familias más vulnerables a afrontar los efectos de la inflación sería otorgar ayudas directas. "Probablemente estos colectivos ni siquiera lo vayan a destinar a una mayor adquisición de combustibles".
La conclusión de que los consumidores más pudientes han sido más beneficiados con la bonificación de los carburantes durante estos meses la ha expresado ya la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) al analizar el impacto de las medidas de los planes anticrisis.
El organismo ha señalado que la subvención de los 20 céntimos es una de las ayudas que peor se reparten entre ricos y pobres, y ha calculado que las rentas más altas se embolsan más del 13% de lo que cuesta esta ayuda, mientras que las más bajas no llegan al 5%. Y eso sin contar que estos últimos son los que parece que más han terminado reduciendo el consumo de combustible ante la subida de los precios.
Hasta la ministra Ribera ha admitido ese "efecto no deseado" que se explicaría, entre otras cosas, por el mayor uso de los coches entre los más ricos y por el uso de vehículos de mayor cilindrada.
Sobre los posibles cambios en la bonificación de los carburantes, los responsables de las estaciones de servicio esperan se conozca cuanto antes cómo piensa hacerlo el Gobierno en el caso de que decida mantenerla pero restringiéndola a determinados grupos.
“Ya vamos tarde si es un sistema que quieren poner en marcha a partir del 1 de enero. Lo primero que pedimos es que se aclare cómo va a quedar. Ya hicimos de banqueros de la Administración adelantando la ayuda cuando se puso en marcha y solo faltaba que también tuviéramos que hacer de inspectores de Hacienda viendo cual es el nivel de ingreso de cada persona que llega a las instalaciones”, reclama Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES).
Respecto a la posibilidad de mantener la rebaja de los combustibles para los profesionales, considera que la aplicación de la medida es mucho más sencilla que en el caso de los consumidores vulnerables.
“Con ser transportista y tener una tarjeta que así lo acredita se tiene un descuento en el gasóleo profesional. Ellos compran al mismo precio, pero luego se la Administración les reintegra una parte del importe que han gastado, con lo que se podría mantener la bonificación integrándola en ese concepto”, explica.
En cualquier caso, no hay que olvidar que los precios de los carburantes se han alejado en los últimos meses de los niveles máximos que alcanzaron el pasado verano. La gasolina si sitúa en los 1,77 euros por litro, por debajo de los 1,81 que marcaba a finales de marzo, antes de que entrara en vigor la medida, según los datos del boletín petrolero de UE. El gasóleo, que es el carburante de automoción más utilizado en España (el pasado año fue un 77% del total), sigue por encima del nivel previo a la bonificación: en marzo se pagaba a 1,83 y ahora a 1,96 euros el litro.
Además, la diferencia de precio de este producto con el de la gasolina no ha dejado de aumentar en los últimos meses y los expertos advierten de que no es probable una bajada del diésel debido a la escasez mundial de este producto.