El abismo de la pobreza energética oculta severa se extiende entre las familias españolas que no pueden pagar sus facturas a pesar de que pasan frío en casa al bajar la temperatura de la calefacción. Los altos precios de la electricidad y el gas han obligado a los hogares a contener las facturas reduciendo el confort climático de las viviendas. El esfuerzo ha logrado contener el gasto desproporcionado a costa de pasar frío en casa, según el Informe de Indicadores de Pobreza Energética en España en 2021 elaborado por los investigadores de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas.

Los expertos han desvelado hoy en la presentación de su estudio que evalúa indicadores como el gasto desproporcionado o la temperatura inadecuada y de pobreza energética oculta que en 2021 4,5 millones de personas (9,5% de los hogares) no pagaron facturas energéticas en fecha y 6,7 millones (14,3% de los hogares) no pudieron mantener una temperatura adecuada en sus hogares. En el primer caso, los datos se mantienen respecto a 2020, pero en el segundo aumenta casi cuatro puntos, es decir, 1,6 millones de personas más respecto a 2020 y el doble comparado con 2019. “Llama mucho la atención el mal comportamiento de este segundo índice”, aseguran.

Esto quiere decir que menos hogares dedicaron que casi 3,3 millones de hogares dedicaron un porcentaje desproporcionado de sus ingresos a cubrir sus gastos energéticos y que dos millones entraron en el oscuro abismo de la pobreza energética oculta severa. Según la Cátedra de Energía y Pobreza, sin las medidas del Gobierno, la pobreza energética oculta severa habría alcanzado a 200.000 hogares más.

Además, casi tres millones de hogares tienen un porcentaje de gasto en energía sobre sus ingresos netos mayor que el doble del de un ‘hogar medio’ y 2,7 millones de familias están en situación de pobreza energética, si se toma como referencia un umbral absoluto basado en una renta mínima estándar, concretamente el SMI. Estas cifras suponen una reducción media del 1,5% respecto a la situación detectada por la Cátedra en 2020.

“Es posible que los ecos de Filomena y el frío que nos dejó durante casi dos semanas en amplias zonas del país calara en el subconsciente de muchos ciudadanos, pero es muy probable también que el indicador esté apuntando a una tendencia creciente en muchas familias a restringir la calefacción por miedo a la factura”, asegura José Carlos Romero, coordinador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, autor principal del informe.

El informe también ha manejado dos índices adicionales: el M/2 –que identifica a un hogar en una situación de gasto insuficiente si dedica a energía menos de la mitad de lo que lo hace un hogar medio en nuestro país– y el HEP, que identifica a un hogar en pobreza energética oculta severa si gasta menos de la cuarta parte de lo que realmente necesita para cubrir sus necesidades energéticas (gasto energético requerido). El primero ha sido del 10,12% y el segundo es del 10,32%, frente a 11,20% y 4,8% en 2020. Se observa en este caso una discrepancia muy notable entre ambos. Mientras que el primero revela mejoría, el segundo indica un empeoramiento extraordinario. “Es el segundo indicador el que merece más crédito por varias razones. La primera es porque se alinea con el indicador subjetivo de temperatura inadecuada.

Según estos expertos, parece sensato afirmar que, cuando un hogar declara que no puede mantener su vivienda en unas condiciones de confort mínimas en invierno, se encuentra en pobreza energética oculta. Por otro lado, es importante tener en cuenta que 2021 fue, por un lado, el año del comienzo del fin de la COVID y, por otro, el año del inicio de la crisis de precios de la energía. Esto segundo ha tenido un impacto muy significativo en nuestros hogares sobre todo a partir del otoño. Todo parece indicar que muchas familias restringieron su gasto por miedo a unas facturas que se volvieron inabordables de la noche a la mañana”, asegura Roberto Barrella, investigador de la cátedra de Comillas y coautor del informe.

Respecto a las medidas del gobierno, la Cátedra afirma que es justo decir que el gobierno reaccionó a la nueva situación de precios elevados de la energía implantando diversas medidas como la reducción del IVA, del impuesto de electricidad o de cargos y peajes en la factura eléctrica. “En la Cátedra hemos estimado el impacto de esas medidas. Si no se hubieran implementado sobre la factura eléctrica, el indicador HEP en 2021 –el que identifica a un hogar en pobreza energética oculta severa– habría alcanzado el 11,65%, un 1,3% más, lo que equivale a casi 200.000 hogares adicionales”, indica Efraim Centeno, director de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas.