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“Yo no quiero que me suban tanto la pensión, yo quiero que mi nieto encuentre un trabajo”, clama una señora de avanzada edad a través de la televisión un día después de que el Gobierno presentará el martes las principales cifras de los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. Esas cuentas públicas, que hoy llegan al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria, recogen un aumento de la partida de pensiones cercano a los 20.000 millones de euros, que suponen hasta el 60% de lo que el Estado se va a gastar de más respecto a los presupuestos de 2022.
El gran aumento viene condicionado por la ley que obliga a revalorizar las pensiones con la inflación media anual del ejercicio anterior. Y aunque la cifra definitiva se conocerá en noviembre, el Ejecutivo ya calcula que estará en el entorno del 8,5%.
La fuerte revalorización de las pensiones ha reabierto el debate sobre la solidaridad intergeneracional ya que, además, esta partida que afecta algo más de nueve millones de personas (entorno al 19% de la población española), representa casi el 42% del gasto total previsto en las cuentas públicas. En total, 190.687 millones el año que viene.
“Revalorizar las pensiones con la inflación es una buena medida para que no pierdan poder adquisitivo, pero debería haber válvulas de escape en situaciones excepcionales como lo es esta, saliendo de una pandemia, con una crisis energética provocada por una guerra, y en la que se está pidiendo sacrificios a todo el mundo”, señala José Ignacio Conde Ruiz, economista de Fedea y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Considera que lo razonable habría sido suspender la subida automática, incrementar con el IPC, o incluso más, las pensiones más bajas y aprobar para las más altas, una subida gradual.
“Todo el margen fiscal va a ir dedicado a los mayores y no se va a poder dedicar recursos a los más vulnerables. Solo con que, en vez de dedicar más de 19.000 millones a la subida de las pensiones, se hubieran empleado 10.000 y los otros 9.000 hubieran ido a la educación, se mejoraría el crecimiento futuro del país y sería mucho más justo para los jóvenes”, opina.
Por su parte, el economista y profesor de la Universidad de Alcalá, Daniel Fuentes, calcula que en los últimos seis años el gasto pensiones ha aumentado apenas un 1,1 puntos del PIB y rechaza establecer vínculos entre los problemas de los jóvenes y esta partida presupuestaria.
La revalorización de las pensiones es la partida a la que se destina la mayor parte del llamado “gasto social” que incluyen los presupuestos generales del Estado. En ellos el Gobierno ha adelantado también que se los recursos públicos destinados a los jóvenes aumentarán un 13,2%.
En el avance de las cuentas públicas, Hacienda señaló que el año que viene se destinará 12.741 millones a políticas de juventud y que se incluirán medidas como la prórroga de la ayuda de 250 euros al alquiler de vivienda para jóvenes (más de 66.000 beneficiarios), el aumento de la partida de becas en 400 millones, el incremento en un 5,4% de las medidas para el acceso a una vivienda, entre otras.
Con todo, Conde Ruiz sostiene que, incluso contabilizando todas las políticas a largo plazo para mejorar el futuro del país como son el I+D+i, o las que destinadas a luchar contra el cambio climático o aquellas que impulsan determinadas infraestructuras, el montante de gasto para la juventud es muy inferior al que se destina a pensiones, sanidad o dependencia, encaminada a los ciudadanos de mayor edad.
“No solo es la tarta, que ya está distribuida de forma asimétrica, sino que los euros adicionales van también a los mayores. Debería haber un compromiso para que por cada euro que se destine a ellos se acompañe de otro para políticas para los jóvenes. Los políticos no van a proponer cosas para captar un voto joven que es más pequeño y disperso que el de los pensionistas", sentencia.
Esas referencias al fuerte incremento de las pensiones justo a las puertas de un año electoral se colaban también este miércoles en la sesión de control al Gobierno.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, calificaba las cuentas públicas de "puro cálculo electoral" para "comprar voluntades" mientras que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, acusaba al Gobierno de "hipotecar a las próximas generaciones" por la revalorización de las pensiones prevista en las cuentas públicas.
El presidente Sánchez, ante estas acusaciones, defendía que los presupuestos que hoy llegan a las Cortes "protegen a la clase media y trabajadora de este país" y destacaba que las cuentas públicas "por primera vez en años" aportan dinero a la hucha de las pensiones.