Hay un dato que bien podría resumir los presupuestos del Gobierno para el año que viene: solo hay dos partidas que caen. Una de ellas es el gasto en desempleo y la otra está relacionada con una línea de crédito para las autonomías. El resto de partidas de las cuentas del Estado para 2023 registra un aumento en su cuantía. Y la gran protagonista de esas subidas son las pensiones: acaparan el 60% del incremento del gasto de los presupuestos.

Si comparamos las cuentas de 2022 con las presentadas este martes por el Ejecutivo, el año que viene habrá 32.000 millones más de presupuesto. Es un incremento notable (un 7,6% más) teniendo en cuenta que la economía se prevé que crezca un 2,1% en 2023 (y con suerte, no se complique todavía más la situación de guerra en Ucrania y la cuestión energética).

El Gobierno alardea de que su proyecto incluye "la mayor cifra de gasto social de la historia". En parte ese dato está muy condicionado por el compromiso de revalorización de las pensiones con el IPC.

Porque de esos 32.000 millones de gasto adicional para el año que viene, casi 20.000 van directamente a compensar a más de diez millones de jubilados por la subida del IPC. Es cierto que el coste incluye también las nuevas incorporaciones de pensionistas, pero el mayor peso de la variación lo determina la inflación. El Ejecutivo prevé que la revalorización en enero rondará el 8,5%. Si los precios no hubieran subido tanto, seguramente, "el mayor gasto social de la historia" no habría sido tal o no tan elevado.

El Estado y la Seguridad Social gastarán en 2023: 456.000 millones de euros en total a los que sumarán 30.000 millones adicionales de los fondos europeos. En total, es un 7,6% más de presupuesto que este año.

Expertos y organismos como el Banco de España habían planteado la posibilidad de que el Gobierno optara por no subir todas las pensiones con el IPC para así no tener que hacer frente a ese incremento estructural del coste. La subida es tan elevada que condiciona que otras partidas destinadas a otros colectivos de la sociedad puedan ganar relevancia en las cuentas. Pero el Ejecutivo no ha dudado ni un solo momento: la nueva reforma de las pensiones así lo establecía y además los presupuestos coinciden también con un año electoral. Antes de diciembre de 2023 se tendrán que convocar elecciones generales.

Como hemos dicho al principio, todas las partidas mejoran menos dos.

Cuando el Gobierno habla de gasto social solo se refiere al que hace él. Y al Estado le toca una parte muy pequeña del presupuesto de Sanidad y Educación, por ejemplo. Estas dos competencias están gestionadas por las comunidades autónomas y sus cifras no figuran en los presupuestos del Estado.

Como suele pasar con los presupuestos 'expansivos' (se dice así cuando aumentan en cuantía) coincide con un aumento de lo ingresos.

Según el proyecto se podrá: aumentar gastos, mejorar ingresos y al mismo tiempo reducir déficit y deuda.

"Por el momento no hay síntomas de desaceleración económica", aseguraba la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. "La preparación de estos presupuestos ha estado marcada por la prudencia, la responsabilidad fiscal, la justicia social y la eficiencia económica".