La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado las diferencias que existen en cada comunidad autónoma en referencia al precio de la grúa municipal, y OCU ha encontrado desigualdades de hasta el 300%. Además, el pasado mes de julio, la OCU publicó una lista de las marcas de coches que sufren más averías.
La OCU ha realizado un estudio de las tarifas que cobran los ayuntamientos por la retirada de un vehículo por la grúa y su posterior custodia durante 25 horas y han revelado las diferencias de hasta el 300% entre 54 grandes ciudades (las capitales de provincia, más Ceuta, Melilla, Gijón y Vigo). Diferencias que van de los 51 y 55 euros que costaría en Melilla y Ávila, hasta los 205 y 198 euros que alcanzaría este mismo servicio en Zaragoza y Barcelona respectivamente. Así lo publica OCU.
La Ley de Tráfico y Seguridad Vial señala que los vehículos pueden ser retirados de la vía pública por el Ayuntamiento cuando constituyan un peligro, causen perturbaciones para la circulación, o estén aparcados indebidamente. Este servicio municipal de retirada tiene un coste medio de 99,04 euros, pero las diferencias son extremas en ciudades que como Zaragoza (180 euros), Barcelona (173 euros) y San Sebastián (160 euros) aplican una tasa mucho más elevada que el coste razonable de ese servicio por una empresa privada.
Por otra parte, la custodia del vehículo en las dependencias municipales hasta su retirada por el propietario añade en muchas otras ciudades una penalización extra al aplicar un gran parte de los depósitos tarifas por días completos. Así, mientras que los aparcamientos privados deben cobrar exclusivamente por el tiempo real de prestación del servicio, 47 de los 54 depósitos municipales analizados facturan por días completos, incrementando artificialmente la factura de este servicio: por ejemplo, 46 euros en Soria o 56 euros en La Coruña.
En definitiva, OCU denuncia que muchos ayuntamientos encuentran en la tasa de retirada y depósito una vía fácil de aumentar la recaudación, convirtiéndola así en una sanción encubierta.