El ministro Escrivá está sólo ante el peligro de subir el periodo de cálculo de las pensiones. Ampliar el número de años cotizados que se tienen en cuenta para calcular la pensión supone rebajar las mismas al 70% de los trabajadores. Pero hay que hacerlo. Es un compromiso con Bruselas que debemos cumplir, si no queremos tener problemas con los fondos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia. Los sindicatos están en contra; sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, están en contra; a los empresarios no les convence; el lobby financiero aprovecha para encender la hoguera; y Bruselas aprieta. Parece que se han confabulado todos los elementos para complicar la vida del ministro, que sin haber presentado ni siquiera una propuesta ya ha armado un tremendo revuelo, y que tendrá que hacer el más difícil todavía para conseguir un acuerdo.

España va a recibir 140.000 millones de euros europeos hasta 2026, pero a cambio nos hemos comprometido a realizar reformas estructurales pendientes desde hace años para cuadrar las cuentas. Una de ellas es la de las pensiones. Las medidas tomadas hasta ahora, (a saber, sanear las cuentas de la Seguridad Social, retrasar la edad efectiva de jubilación, cambiar las cotizaciones de los autónomos por ingresos reales, potenciar el ahorro para la jubilación con planes de empleo de empresa, crear el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y subir las pensiones conforme al IPC), no convencen a Bruselas, que ven un aumento importante del gasto, sobre todo por la subida conforme al IPC, y una reducción del gasto muy incierta.

Quedan dos medidas por poner en marcha este año: una, el aumento de bases máximas de cotización y por ende, de pensiones máximas, que en términos económicos no afecta mucho al sistema; la segunda es la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones. Esto sí supone un ahorro importante al sistema, porque equivale a una disminución de la pensión inicial en el 70% de los casos.

La primera opción de Escrivá era ampliar de 25 años a los últimos 35 años los tenidos en cuenta para calcular la pensión. Los sindicatos se plantaron y la medida se retiró. Ahora Escrivá ha afirmado que "en ningún caso se plantean la ampliación a 35 años".

Una vez establecida esa línea roja, al ministro le queda jugar con los meses y las carreras de cotización. Todos esos datos los maneja el ministerio, quien a buen seguro tendrá una carta en la manga y buscará una fórmula compleja de entender y de explicar, que camufle en lo posible la segura bajada de la mayoría de las pensiones futuras.

También jugará con los tiempos, intentando extender la puesta en marcha de la medida lo máximo posible para trasladar la idea de que el efecto será suave y progresivo, y dejando claro que así los trabajadores podrán tomar medidas (ahorrar o cotizar más) en consecuencia.  

El ministro ha dejado claro en sus últimas intervenciones el mensaje que quiere transmitir: se van a mejorar las condiciones de los damnificados por las últimas crisis, y por los que han tenido carreras laborales intermitentes. De ahí que para estos colectivos se pueda abrir la puerta a elegir los mejores años de cotización, o bien borrar algunos de los peores, o bien ser más flexibles en los años exigidos.

Sin duda alguna será una mejora para muchos ciudadanos que perdieron el trabajo a los 45 o 50 años y se han tenido que ir amoldando a situaciones más precarias y cotizaciones peores o incluso inexistentes al final de su vida laboral.

Los jóvenes, con carreras más inestables ahora, también se verán beneficiados, y también las mujeres, que suelen tener carreras más discontinuas y más periodos sin cotizar. para ellos se van a mejorar las condiciones que cubren estas lagunas de cotización. Ahora se cubre con el 100% de la base mínima dos años, y con el 50% a partir del mes 49. 

Para librar esta batalla Escrivá está solo. El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, ha advertido que "el sindicato no aceptará ampliar el periodo de cálculo de la pensión más allá de los 25 años actuales aunque se ofrezca la posibilidad de eliminar los peores años de cotización".

Por su parte, CCOO ha advertido que las propuestas de ampliación de periodo de cálculo no se concretan y que se dicen neutras en términos presupuestarios, sin que se haya aportado propuesta alguna que permita evaluarlo. "Hemos señalado que esta materia no se corresponde con las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo, como han puesto de manifiesto hoy todos los interlocutores sociales y tenemos serias dudas sobre su aceptación en el seno de la mayoría que compone y sustenta el Gobierno de coalición", advierten.

El socio de Gobierno del PSOE también ha sido claro. Nacho Álvarez ha manifestado que "ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión no es una medida recogida en el Pacto de Toledo, no está en el Acuerdo de Coalición y no forma parte del diálogo social". "Implicaría un recorte en muchas prestaciones futuras que Unidas Podemos no va a aceptar", ha zanjado el secretario de Estado de Derechos Sociales.

También es notoria la posición del sector financiero. Fedea, BBVA, Funcas, Círculo de Empresarios, Inverco... han criticado con dureza todas las medidas adoptadas hasta ahora en la reforma de pensiones defendiendo que suponen un aumento de gasto y no aseguran un ahorro sustancial. Ampliar a 35 años el periodo de cálculo sí supondría un importante ahorro al sistema, pero sus mensajes no han ido en esa dirección, sino que han replicado con profusión el recorte de pensiones que supondría para los jubilados.

El último en sumarse ha sido el Banco de España, que dos días después de iniciadas las negociaciones sobre este tema en la mesa de diálogo social, ha presentado un informe que afirma que subir a 35 años el cálculo supondría que un 80% de las pensiones iniciales serían más bajas, un 10% mantendrían el mismo importe y el 10% restante recibirían una cantidad más alta.

Los empresarios se han mostrado cautos, y esperan a propuestas concretas de Escrivá. La ampliación del periodo de cálculo en principio no les afecta, pero ya se sienten los paganos de la reforma, ya que han visto cómo deben subir las cotizaciones de sus trabajadores un 0,6% por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

Pero quien tiene la última palabra es Bruselas. El Tribunal de Cuentas de la UE ha alertado de que las reformas propuestas "podrían elevar el gasto en pensiones a medio y largo plazo" y de que "el impacto fiscal global del aumento del gasto en pensiones podría tener que atenuarse aún más mediante ajustes fiscales proporcionales en el futuro", es decir, cubrir el agujero subiendo los impuestos.

Con tantos elementos en contra será interesante ver qué conejo saca de la chistera saca el ministro Escrivá para contentar a todos. Y recordemos que en 2023 habrá elecciones generales, y la dictadura de las canas sigue imperando.