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La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha iniciado este viernes una nueva ronda de conversaciones con los principales agentes sectoriales, sociales, políticos y de la sociedad civil para recabar propuestas que contribuyan a que España reduzca su consumo de gas de cara al diseño del Plan de Contingencia que el Gobierno debe enviar a Bruselas.
El primero de los encuentros que mantendrá Ribera ha sido con el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, con quien se ha reunido este viernes en la sede del Ministerio, según ha informado su Departamento.
Esta ronda de conversaciones se enmarca en el contexto del diseño del Plan de Contingencia que el Gobierno debe remitir a la Comisión Europea dentro de la estrategia comunitaria para afrontar el impacto de la guerra en Ucrania.
El comienzo de esta 'gira' para recabar propuestas entre las empresas del sector y los agentes económicos y sociales se produce un día después de que el Pleno del Congreso convalidara el decreto de ahorro energético, que finalmente se tramitará como proyecto de ley para la inclusión de algunas modificaciones reclamadas por los socios de Gobierno.
El decreto, cuyas medidas se seguirán aplicando pese a su tramitación como proyecto de ley, recoge el primer paquete de medidas de ahorro energético previstas para cumplir con la reducción voluntaria del consumo de gas, ante el riesgo de un corte de suministro por parte de Rusia, así como ayudas para el fomento del transporte público como la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalíes y Media Distancia desde el 1 de septiembre hasta final de año.
Este plan de ahorro energético, que se completará con el diseño del Plan de Contingencia, limita las temperaturas de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados respectivamente en inmuebles de las administraciones públicas, establecimientos comerciales como grandes almacenes o centros comerciales, espacios culturales o infraestructuras de transporte como estaciones o aeropuertos. La norma deja fuera hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o las cocinas de los restaurantes.
Asimismo, obliga a apagar las luces de escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las 22.00 horas y exige que antes del 30 de septiembre tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente.
Los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno afrontarán multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves.
El mismo decreto ley contiene también nuevas convocatorias de ayudas al transporte terrestre de mercancías, agiliza instalaciones de energía renovable y de almacenamiento y contempla la beca complementaria de 100 euros para toda persona beneficiaria de becas y ayudas al estudio anunciada por el presidente del Gobierno en el último Debate sobre el Estado de la nación.