El futuro de las pensiones se retomará en septiembre tras el parón de agosto. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha ido cumpliendo paso a paso los compromisos con Bruselas y, tras sacar adelante en julio los planes de pensiones de empleo y el nuevo sistema para que los autónomos contribuyan en función de sus in­gresos, ahora pondrá sobre la mesa de negociación con los agentes sociales los dos últimos temas para completar la transformación en profundidad del sistema.

Se trata del destope de base de cotización y pensión máxima y la modificación del sistema de cálculo de las pensiones. Los dos son asuntos delicados, por su impacto en la cuantía de las pensiones futuras y por el previsible choque entre las posiciones del Gobierno, los sindicatos UGT y CCOO y las patronales CEOE y Cepyme.

La reforma más delicada será modificar el número de años que se tienen en cuenta para determinar la jubilación. Es lo que el Ministerio de Seguridad Social denomina "adecuar a las nuevas carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión". La forma de abordar el cómputo para el cálculo de las pensiones se hará "teniendo en cuenta que los últimos años de cotización no son necesariamente los mejores".

El objetivo es que la pensión “refleje en mayor medida la vida laboral del trabajador y atienda la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales”, según se indica en el plan de recuperación. Se busca así dar respuesta a una coyuntura marcada por las trayectorias laborales cada vez más fragmentadas, asociadas a la temporalidad, y que perjudican especialmente a jóvenes y mujeres.

Sin embargo, sindicatos y asociaciones de pensionistas temen que una ampliación del periodo de cómputo desde los 25 años actuales hasta 35 para una mayoría de nuevos jubilados signifique una rebaja de pensiones. Pero en el plan de recuperación se plantea que esta extensión se pueda combinar con la posibilidad de elegir los mejores años o bien con una mejor integración de las lagunas de cotización.

Las universidades de València y Extremadura analizaron en el 2021 qué ocurriría si se ampliase a 35 años del cálculo de la base reguladora, y también cómo influiría elegir los mejores 25 años. Los resultados varían entre un aumento del 6,5% de la pensión media si se excluyen los peores ejercicios y un recorte del 8,8% si se computan íntegramente los 35 años.

En el caso de seleccionar los mejores 25 años, las bases más bajas serían las más beneficiadas, con un aumento de casi el 13% de la pensión, mientras que las más altas se quedan con un incremento del 4%. Ganan también las carreras cortas (8%) frente a las largas (5,5%).

Los agentes sociales también tendrán sobre la mesa en septiembre las propuestas de Escrivá para aumentar las bases máximas de cotización e incrementar las pensiones máximas, manteniendo la contributividad del sistema. El objetivo es que la legislación española se armonice a lo que es la práctica que existe en otros países europeos.

La base de cotización máxima, que se aplica a los trabajadores que cobran más de 4.139 euros mensuales, se incrementará en un proceso gradual que empezará en enero y culminará dentro de treinta años. Afectará a un 15% de los cotizantes, que verán que se aumenta el tope tanto de su cotización como de su pensión futura. Si la actual pensión máxima se sitúa en 2.819 euros mensuales, lo que supone un total de 39.468 euros por año, esta cantidad se irá incrementando a medida que se jubilen los que coticen por encima del límite actual. 

Esto significaría un aumento de recaudación en un primer momento, lo que puede garantizar la sostenibilidad del sistema y un equilibrio entre gastos e ingresos, pero que se acompañaría posteriormente de un incremento también del gasto cuando estos contribuyentes se jubilen. A largo plazo, el ministerio calcula que su impacto presupuestario será neutral­.

Además, destopar la cotización tendría riesgos para las empresas. Aquellas con trabajadores con una retribución por encima de los 45.000 euros, por ejemplo 60.000, verían como el coste laboral de esos trabajadores aumentaría automáticamente un 10 por ciento. Al mismo tiempo, conllevaría una disminución del salario neto de los afiliados por la parte de cotización a la Seguridad Social que les corresponde.

Sin embargo, no se prevé una gran resistencia de los agentes sociales respecto a esta medida. Los sindicatos UGT y CCOO están en principio de acuerdo, al considerar positivo que mediante el destope de la paga máxima la Seguridad Social recaude más.