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El Gobierno ha aprobado un primer paquete de medidas de ahorro y eficiencia energética que tendrá vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023. Este plan permitiría que las empresas ahorrasen más de un millón de euros al año.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, presentó una de las medidas que entran en este paquete: la obligatoriedad en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles de limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno.
Según la propia ministra, un grado menos permite ahorrar un 7% del consumo energético, por lo que a las empresas les permitiría ahorrar más de un millón de euros en un año.
Respecto a las sanciones que podrían darse en el caso de no cumplirse esta normativa, Teresa Ribera indicó que "existe un régimen sancionador que se aplicaría", pero que la vigilancia corresponde a las comunidades autónomas.
Las sanciones por el incumplimiento de estas medidas todavía no se han publicado, pero según recoge El Correo, el régimen sancionador que se aplique será el que está actualmente vigente por incumplimiento del reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), regido por la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
Teresa Ribera ha asegurado que habrá excepciones en la obligatoriedad de limitar la temperatura, quedando exentos de ello los centros sanitarios, asistenciales y educativos.
En declaraciones a Telecinco, Ribera señaló que estos centros quedarán excluidos de esa obligatoriedad y también se ampliará la exención a "aquellos centros de trabajo donde por razones justificadas se necesite acomodar este criterio a una orientación más laxa", ya que se deben respetar los derechos de salud de los trabajadores, y a los que exigen una temperatura necesaria.
La ministra afirmó que se está en una situación "tremendamente complicada", que afecta de modo directo a aquellos países con una alta dependencia del gas de Rusia, aunque no es el caso de España, que tiene sus provisiones "aseguradas".