El futuro impuesto sobre los beneficios extraordinarios obtenidos por las compañías energéticas, del que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha avanzado este martes nuevos detalles, es una realidad -si bien con diferentes enfoques- en varios Estados europeos, como Italia o Hungría.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la próxima aprobación de sendos impuestos temporales a las entidades financieras y a las grandes compañías energéticas para recaudar aproximadamente unos 7.000 millones de euros en dos años.

Durante su intervención en el Debate sobre el estado de la Nación, Sánchez ha informado de que el impuesto a "los grupos dominantes" del sector eléctrico, gasista y petrolero estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023.

"Se habla a menudo de los beneficios caídos del cielos, pero en realidad no son tales. Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos", ha afirmado el presidente. Asimismo, ha anunciado un nuevo impuesto "excepcional y temporal" dirigido a "las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés". Este impuesto, ha explicado, tendrá una duración de dos años --sobre los ejercicios 2022 y 2023-- y buscará recaudar 1.500 millones cada año.

El colectivo técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) pide que se defina el hecho imponible del nuevo impuesto sobre las entidades financieras que ha anunciado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la apertura del Debate sobre el estado de la Nación.

En concreto, Gestha echa en falta una definición sobre el hecho imponible sobre el que va a recaer el impuesto, con el que el Gobierno espera recaudar 1.500 millones anuales, ya que en 2019 solo 26 empresas que pertenecen a los grandes grupos de entidades financieras contabilizaron bases imponibles previas positivas de poco más de 2.031 millones.

Gestha considera que el nuevo impuesto a las empresas energéticas no tiene finalidad recaudatoria, ya que llegaría a aportar unos 2.000 millones de euros al año, según los cálculos del Gobierno, cuando la recaudación devengada del Impuesto sobre Sociedades en 2021 escaló por encima de los 24.600 millones de euros.

En cambio, los técnicos de Hacienda sostienen que el nuevo impuesto energético es un "incentivo serio" para que contengan sus precios, pues solo aquellas grandes empresas energéticas que obtengan beneficios extraordinarios tendrán que abonarlo, y cuando se haga público que tienen que pagar este impuesto sufrirán una "tacha reputacional", que pondrá "en duda su responsabilidad social".

En cualquier caso, los técnicos de Hacienda recuerdan que las grandes compañías de todos los sectores ya están sometidas a pagar como mínimo el 15% de la base imponible desde este año, tipo que se eleva al 18% para el sector financiero y las empresas de hidrocarburos.

Según el "think tank" o centro de reflexión independiente belga Bruegel, una media docena de países del Viejo Continente se ha planteado algún gravamen de este tipo como fórmula para amortiguar los efectos que la crisis energética está provocando en las facturas de sus ciudadanos.

También llamados beneficios "caídos del cielo", se trata de las ganancias que obtienen las tecnologías de generación eléctrica que no tienen que pagar derechos de dióxido de carbono (CO2) ni usan gas al cobrar en el mercado el mismo precio que la fuente de generación más cara, los ciclos combinados.

Hace cuatro meses, coincidiendo con las primeras semanas de la invasión rusa de Ucrania y el máximo histórico del precio mayorista de la electricidad en España, 544,98 euros el megavatio hora (MWh), Bruselas propuso que los países de la Unión Europea pudieran recuperar las ganancias extraordinarias de las eléctricas.

Eso sí, siempre que no fuera con carácter retroactivo y permitiera a los productores cubrir sus costes y proteger el mercado a largo plazo.

La Comisión Europea cifra el potencial de ingresos para las arcas públicas en unos 200.000 millones de euros.

El impuesto italiano a las empresas de energía, fuente de inspiración del Ejecutivo español, grava con un tipo del 25 % los beneficios extraordinarios obtenidos por estas compañías como consecuencia del aumento de los precios energéticos en los últimos meses.

La Hacienda italiana espera recaudar cerca de 11.000 millones de euros con este tributo, que inicialmente se fijó en el 10 % y que el pasado mayo se decidió elevar al 25 %.

Otro de los países que aparecen en la lista es Hungría, cuyo Gobierno recaudará cerca de 4.120 millones en dos años en virtud de los nuevos impuestos sobre ganancias extraordinarias, también denominados "windfall profits taxes".

En concreto, el importe alcanzará los 2.040 millones este año, y llegará a los 2.080 millones en 2023. La suman de ambas cantidades equivalen al 1,15 % del PIB nacional de este ejercicio.

Aunque estos impuestos húngaros se repercuten sobre muchos sectores de la economía, desde la banca a las aseguradoras, pasando por empresas de telecomunicaciones y aerolíneas, la mayoría de los ingresos procederá del sector energético (unos 760 millones de euros), y una gran parte de la recaudación procederá de la petrolera magiar MOL.

"El aumento de los tipos de interés y de los precios significa que los bancos y grandes empresas obtienen más ganancias adicionales", justificaba en su día el primer ministro, Viktor Orban.

El Reino Unido, por su parte, se ha acogido a otro formato más concreto, dirigido sobre las empresas del sector del petróleo y del gas.

El pasado 26 de mayo, el entonces ministro de Economía británico, Rishi Sunak -ahora, uno de los nombres que suenan para suceder en el liderazgo del Partido Conservador al jefe del Ejecutivo en funciones, Boris Johnson- anunció un impuesto temporal del 25 % sobre los beneficios de las petroleras.

Esa tasa, a la que el Gobierno conservador se oponía inicialmente, estará compensada por una desgravación fiscal del 80 % para las empresas que reinviertan sus ganancias en el país.

El gravamen, en vigor desde entonces y que se retirará cuando los precios vuelvan a niveles históricamente más normales, recaudará en torno a 5.000 millones de libras (5.885 millones de euros) este año, como explicó Sunak, que no descartó uno similar para el sector eléctrico y de gas natural.

La ministra de Energía de Bélgica, Tinne Van der Straeten, ha anunciado este martes su intención de introducir un impuesto del 25 por ciento sobre los márgenes de las empresas energéticas ante la subida de precios acontecida en el país, que cerró junio con un dato de inflación interanual del 9,65 por ciento.

El proyecto de ley presentado por Van der Straeten afectaría a todos los proveedores, productores y comercializadoras de electricidad y gas en Bélgica, según la agencia de noticias 'Belga'. El impuesto se aplicaría a los márgenes del resultado bruto de las empresas este año en comparación con el año anterior. Estos se determinarían sobre la base de las declaraciones del IVA. En este sentido, el impuesto se aplicaría si el margen de beneficio bruto de una empresa hubiera aumentado en más de 100.000 euros y en más del diez por ciento en un solo periodo.

De acuerdo con Bruegel, en octubre de 2021 el Gobierno búlgaro anunció un instrumento para compensar a las empresas con 55 euros el MWh durante dos meses, debido al elevado coste de la electricidad. Los 225 millones de euros necesarios para ello procedían del impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la central nuclear de Kozloduy, a unos 200 kilómetros al norte de la capital, Sofía.

También el pasado octubre, el Parlamento rumano dio su visto bueno al proyecto de ley para implementar un esquema de compensaciones en las facturas eléctricas y de gas -inicialmente, para ese invierno-, así como un impuesto del 80 % sobre los beneficios extraordinarios de las empresas productoras para financiarlas.

La crisis de los precios energéticos ha calado, asimismo, en Grecia, donde el regulador heleno estimó los beneficios extraordinarios en 590 millones de euros, según publicaron diversos medios. Por el contrario, en Eslovaquia, a principios de febrero el ministro de Economía, Richard Sulík, propuso introducir un impuesto de estas características a la empresa que gestiona las dos centrales eléctricas del país, Slovenské Elektrárny.

Tras conocerse la idea, la compañía, propiedad del departamento de Economía y de dos sociedades extranjeras -el "holding" EPH Daniel Křetínský y Patrik Tkáč y la energética italiana Enel-, advirtió de que podría verse obligada a declararse en quiebra.

Antes de cerrar el mes, el Gobierno eslovaco llegó a un acuerdo con la compañía para congelar el precio de la electricidad en 61,21 euros/MWh hasta 2024, a cambio de no pagar esa tasa especial.